Ya se conocen las primeras sentencias relacionadas con reclamaciones por el cártel de coches en España. Muchas de ellas, pese a dar la razón a los afectados, como la sentencia 162/2022, 27 de septiembre, del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, están concediendo un porcentaje de indemnización por debajo de lo reclamado. La mayoría de ellas, un 5% frente al 10% o 15% que se reclama mayoritariamente.

Otros afectados, en cambio, han visto desestimadas sus pretensiones al considerar el dictamen insuficiente, como ha sucedido en el caso de la sentencia 148/2022, 21 de octubre, del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia.

El cártel de coches actuó en España desde 2006 a 2013, práctica por la que más de una veintena de fabricantes de automóviles fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con multas millonarias, que posteriormente fueron ratificadas por el Tribunal Supremo.

Miles de afectados se han dirigido a los tribunales para que los fabricantes les indemnicen por el sobrecoste que pagaron entonces al adquirir sus vehículos. Han pasado más de 10 años desde entonces, en algunos casos hasta 16, y cuantificar el daño causado en ocasiones puede resultar difícil, pero en la justificación del perjuicio económico está precisamente la clave para ser indemnizado.

En Perito Judicial Oficial somos conscientes de la importancia del dictamen pericial en los asuntos relacionados con el cártel de coches. Resulta determinante. Por eso, hay que contar con gran conocimiento y experiencia sobre el conflicto para aportar pruebas suficientes y motivadas.

Tras más de 20 años realizando valoraciones, tasaciones y dictámenes sabemos que es necesario investigar, reunir todo tipo de pruebas, comprobarlas y analizarlas. El trabajo es exhaustivo en este sentido, con el objetivo de indagar en detalle sobre el objetivo a estudiar.

¿Cuáles son las claves para reclamar por el cártel de coches?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cantidad de la indemnización puede depender de la marca, el modelo adquirido y otras variables.

Por otro lado, es importante tener presente el plazo para reclamar: diciembre de 2026. Fecha que nace del plazo de prescripción de cinco años a partir de las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican este cártel.

Asimismo, el dictamen del perito debe ser conforme con las reglas y guías de cuantificación de daños, así como seguir un método que refleje esa cuantificación de manera suficiente, superando el criterio jurisprudencial de formular una “hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre los datos contrastables”, según la sentencia del Tribunal Supremo 651/2013, de 7 de noviembre.

En este mismo fallo de la Sala Primera, el Supremo añade que “puede afirmarse con carácter general que no es suficiente que el informe pericial aportado por el responsable del daño se limite a cuestionar la exactitud y precisión de la cuantificación realizada por el informe pericial practicado a instancias del perjudicado, sino que es necesario que justifique una cuantificación alternativa mejor fundada”.

Otra solución, subraya, “sería difícilmente compatible con el principio jurídico que impone compensar los daños sufridos por la actuación ilícita de otro y la tutela efectiva que debe otorgarse al derecho del perjudicado a ser indemnizado”.

El dictamen pericial, como hemos mencionado anteriormente, también se verá influido por el paso de los años desde la compra del coche, algo debe ser contemplado por parte de los órganos judiciales.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-267/20, 22 de junio de 2022) apunta que “dada la asimetría de información entre las partes y el hecho de que cuantificar el perjuicio requiere evaluar cómo habría evolucionado el mercado en cuestión de no haber sido por la infracción -que supone una comparación con una situación por sí hipotética, por lo que nunca puede hacerse con precisión – se garantiza que los órganos jurisdiccionales estén facultados para hacer una estimación del importe del perjuicio ocasionado por la infracción”.

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Tres obras de arte atribuidas a Diego Velázquez y Tiziano a la venta por un valor de 45 millones de euros son las últimas protagonistas de la falsificación en el mercado del arte.

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana ha intervenido recientemente tres pinturas atribuidas a estos dos pintores. En concreto, un autorretrato del pintor español, un retrato de Francisco Quevedo y Ecce Homo, una pintura supuestamente del pintor italiano Tiziano.

Las pinturas fueron puestas a la venta en internet por un particular que aseguraba que eran originales y procedían de una herencia familiar. Sin embargo, los expertos del Museo de Bellas Artes de Valencia han concluido que las obras no cumplían las características mínimas para considerarse obras de Velázquez y Tiziano.

En el mercado de arte existen compradores de buena fe que adquieren obras aprovechando un buen precio, pero sin conocer su origen, y muchas veces lo que adquieren es material robado como posteriormente acreditamos como Peritos. El principal consejo para evitarlo es consultar la base de datos de la Interpol sobre obras robadas.

Entre el 10% y el 15% de las obras colgadas en los museos no son auténticas

Sin embargo, no es tan fácil evitar el material falsificado. En Perito Judicial Oficial conocemos de primera mano la dificultad de determinar la autenticidad de una obra de arte.

El propio exdirector del Metropolitan Museum de Nueva York, Thomas Hoving, ha afirmado en alguna ocasión que en torno al 40% del mercado del arte se compone de obra falsa. Más sorprendente aún es que se estima que entre el 10% y el 15% de las obras colgadas en los museos no son auténticas.

Para entender estas cifras hay que tener en cuenta que el mercado ilícito de obras de arte es el tercero más lucrativo a nivel internacional, tan solo por detrás del narcotráfico o la venta de armas.

La intervención de un Perito especializado en arte es crucial en esta materia, ya que solo los expertos con un alto nivel de técnica tienen las herramientas necesarias para determinar la autenticidad de una obra.

En el Informe Pericial sobre una obra de arte, el Perito debe incluir las premisas, limitaciones y condiciones del dictamen de valoración, fecha y lugar, identificación y descripción de la obra, el método y procedimiento llevado a cabo y su valor estimado en el mercado.

En este sentido, entre las cuestiones sobre las que profundizará se encuentran la autoría de la obra, la época, materiales utilizados en su elaboración, técnicas empleadas, estado de conservación, su valor artístico, así como su singularidad.

Con este objetivo, el Perito se servirá de todas las técnicas necesarias para determinar la autenticidad. Entre ellas, análisis fotográficos, radiografías o análisis de muestras. También realizará un análisis de la documentación existente vinculada a la pieza, así como un estudio de su “rastro”, es decir, todos los detalles sobre su origen y los propietarios, herederos o entidades por las que ha pasado.

Por último, es importante tener presente que el dictamen pericial variará en función de la finalidad de la autentificación, que puede ser, por ejemplo, estimar el valor para un seguro, vender la pintura en el mercado del arte o realizar una donación.

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La salud mental se ha abierto un hueco en la agenda pública. Medios de comunicación y clase política ya dedican parte de sus espacios a hablar de este asunto. Hay que tener en cuenta que solo en 2020 en España fallecieron por suicidio 11 personas al día.

La actualización de la Estrategia de Salud Mental o la puesta en marcha de la línea de atención a la conducta suicida (024) son algunas de las medidas en materia de políticas públicas puestas en marcha en los últimos meses.

A las políticas públicas, han de sumarse medidas por parte de las empresas, de modo que además de gestionar la calidad psicosocial de los procesos productivos, se incorporen programas de bienestar psicoemocional y de reducción del estrés, tal y como refleja el Observatorio de la Salud – Estudio de la evolución de los trastornos mentales y del comportamiento en la incapacidad temporal (2015-2021), elaborado por Fremap, mutua colaboradora de la Seguridad Social.

Conocemos de cerca los procesos de incapacidad temporal derivados de estas patologías que, a excepción del Covid-19, ocasionaron solo en 2021 el 15,04% de los días de baja por contingencia común de las personas trabajadoras y se constituyeron como el segundo grupo de enfermedades que más días de baja han generado tras los trastornos musculoesqueléticos.

Un aumento del 30% en las bajas relacionadas con salud mental entre los menores de 35 años

Como expertos en periciales médicas, en Perito Judicial Oficial somos conscientes de que las bajas laborales vinculadas a la salud mental han mostrado una tendencia al alza en los últimos años en todos los grupos edad, lo que se traduce en un crecimiento del 17,36% entre 2015 y 2021.

El grupo de edad que registra un mayor incremento es el de los menores de 35 años, que en los últimos seis años ha registrado un crecimiento del 30,91%, una cifra más que llamativa en comparación con otros grupos de edad que se sitúan en una subida del 8,28% (mayores de 49 años) y del 14,37% (entre 35 y 49 años).

Este estudio, que ha analizado 380.000 bajas laborales de una muestra de más de dos millones, apunta además que las bajas laborales por salud mental ya finalizadas duraron, de media, 97,68 días, lo que supone un 45,62% más que en 2015.

Y es que los días de baja por salud mental suponen el 15,04% del total de días de baja registrados durante el último año. Tal y como apunta el estudio de Fremap, solo en 2021 este tipo de bajas representaron el 6,10% del total.

Precisamente, entre los motivos más habituales para solicitar una pericial médica se encuentran las bajas e incapacidades. El Informe Pericial médico se encarga de valorar el estado de salud del paciente, analizando las enfermedades concretas que sufre y brindando la información del diagnóstico con el objeto de prueba en un proceso judicial, así como ante un tribunal médico.

En ambos casos, el peso de la pericial puede resultar clave en el destino del proceso, ya que se trata de una prueba científica de gran utilidad. Reflejará la situación médica del paciente, su grado de afectación, síntomas, tratamiento, así como sus alteraciones o anomalías vinculadas a la enfermedad que le impiden un correcto desempeño de sus funciones laborales, sociales o, incluso, familiares.

Su calidad y precisión puede condicionar el destino del procedimiento judicial o la decisión del tribunal médico. Este tipo de informes son comunes en los procesos de incapacidades parcial, total, absoluta o gran invalidez.

Los Peritos médicos que intervienen en estos procesos son profesionales altamente cualificados, con formación y experiencia en la rama legal de la medicina. Si necesitas los servicios de un Perito médico, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Cualquiera que tenga perfil en Instagram, Facebook, TikTok o cualquier red social verá cientos de publicaciones protagonizadas por los hijos de sus familiares y amigos, pero también de famosos e influencers con millones de seguidores.

En las últimas semanas se ha avivado el debate sobre la presencia de menores en redes sociales, especialmente después de la polémica publicación de la chef Samantha Vallejo-Nágera, quien compartía un vídeo de su hijo de 12 años en el que el menor aparecía llorando tras ser castigado. Horas después borraba el contenido de su perfil y pedía disculpas.

Este vídeo abrió una vez más el debate sobre la exposición de menores en redes sociales y la protección de su intimidad, en este caso responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad.

TikTok por parte de los centros educativos

Una problemática que no se da solo en el ámbito familiar, ¿qué sucede en el caso de los centros educativos? Son muchos los que ya cuentan con perfiles en redes sociales donde comparten contenidos y las actividades del día a día de los menores, pero ¿puede el colegio subir, por ejemplo, vídeos a TikTok en los que aparezcan sus alumnos?

En este caso, se requiere el consentimiento de los interesados, es decir, los padres o tutores de los menores de 14 años. Por eso, el centro educativo debe informar previamente de lo que se va a publicar, en qué redes sociales, su finalidad, quién tiene acceso, así como la posibilidad de los interesados de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión.

Este consentimiento que se presta debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o clara acción afirmativa, ya que afecta a los datos personales.

Un caso distinto es que el centro grabe imágenes con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones. En este supuesto, el centro o la administración educativa estarían legitimados para dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento de los alumnos mayores de 14 años o de sus padres o tutores en el caso de los menores.

Eso sí, cuando la grabación no se corresponda con dicha función educativa, sino que se trate de imágenes de acontecimientos o eventos que se graban habitualmente con fines de difusión, se necesitará siempre contar con el consentimiento.

Hay que tener en cuenta, además, que en caso de conflicto entre los progenitores sobre el uso de imágenes de sus hijos -una situación que puede darse-, si no hay acuerdo deberá plantearse la disputa ante el juez competente de familia.

¿Cómo gestionar actividades como las funciones de fin de curso del colegio?

Otra de las grandes cuestiones es qué sucede en eventos como funciones de Navidad, fin de curso o competiciones deportivas vinculadas al centro educativo.

En este caso, lo ideal es que el centro informe a los familiares de la posibilidad de tomar fotografías o grabar imágenes solo para uso personal y doméstico, ya que es el ámbito excluido de la legislación en materia de protección de datos. En ningún caso pueden compartir en redes sociales contenido donde aparezcan menores sobre los que no se ha obtenido consentimiento.

Si este contenido se compartiera más allá del ámbito privado, como en perfiles de redes sociales públicos, serán los familiares los que asuman la responsabilidad por su publicación.

En el supuesto de que sea el propio centro el que quiera grabar y difundir contenido de dicho evento a través de su web o perfil en redes sociales, tendrá que recabar siempre el consentimiento de los padres o tutores.

No hay que olvidar que para los centros educativos es obligatoria la designación de un delegado de protección de datos, en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que será el encargado de supervisar los procedimientos del centro en materia de protección de datos.

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La detección de fraudes y falsificaciones a través de documentos firmados es uno de los trabajos clásicos de los Peritos caligráficos. En Perito Judicial Oficial somos capaces de analizar todo tipo de firmas, copia de documentos, redacciones, cotejo de grafismos, de vises y más documentos que se puedan detectar mediante la escritura.

Y es que, pueden ser objeto de una prueba pericial caligráfica una gran variedad de documentos públicos y privados.

La cuestión, o quizá para muchos la complejidad o preocupación, se plantea cuando dicha firma salta del papel al mundo digital. ¿Es segura? ¿Se puede identificar un uso fraudulento? ¿Un documento firmado digitalmente sirve como prueba en un juicio?

La firma digital es una tecnología que aplica mecanismos criptográficos para asegurar su autenticidad y seguridad en los documentos firmados telemáticamente.

Su fiabilidad para prevenir posibles usos fraudulentos es alta porque el autor es identificable, de manera que quien firma el documento no podría posteriormente negar su autoría. Además, es detectable si se modifica porque deja rastro.

A su vez, se basa en el uso de claves públicas y privadas en todo el proceso, ya que está orientada a evitar la falsificación y suplantación de identidad.

¿Qué evaluamos en una firma digital?

Como Peritos expertos en periciales caligráficas e informáticas podremos evaluar las acciones realizadas sobre el documento firmado como, por ejemplo, la identidad del autor, su dirección de correo electrónico, su dirección IP, su geolocalización o si se han realizado modificaciones sobre la firma (quién, dónde y cuándo), entre otros aspectos, ya que todo ello queda reflejado en un documento de trazabilidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una firma digital que una firma electrónica. El Reglamento eiDAS fija a nivel europeo tres tipos de firma: la firma electrónica simple, la firma digital avanzada y la firma digital cualificada. Todas ellas tienen validez, pero solo las dos últimas cuentan con la tecnología de la firma digital tal y como la hemos descrito, es decir, basada en tecnología que aplica mecanismos criptográficos.

Así, el valor probatorio de la firma para determinar su integridad y autenticidad frente, por ejemplo, a la impugnación de un documento firmado digitalmente variará en función del tipo empleado (simple, avanzada o cualificada).

En este sentido, la firma simple es la más básica, por lo tanto, dependiendo del uso que se le haya dado se determinará su validez como prueba electrónica. En el caso de la avanzada, su valor probatorio es más reforzado y habrá que analizar en cada caso cómo se ha producido. Por último, la cualificada es la que tiene mayor fuerza probatoria.

De este modo, ante la impugnación de un documento firmado digitalmente el Perito podrá demostrar la identidad de las firmas, el origen, la autenticidad y la integridad de su contenido.

Por todo ello, es habitual oír que la firma digital es más segura que la convencional manuscrita, ya que su técnica está orientada al blindaje ante eventuales usos fraudulentos o impugnaciones.

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El mal uso de aparatos eléctricos, enchufes, regletas y baterías es la principal causa de incendios en viviendas con víctimas mortales. Así lo refleja el último informe de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y de la Fundación Mapfre, que recoge datos de 2020. En total, 164 fallecidos en hogares a causa de las llamas. Más del 30%, por las causas eléctricas indicadas.

En total, en 2020 se registraron 47 incendios al día en viviendas, un dato inferior al del año anterior; en concreto, un 13% menos que en 2019.

En cuanto a las circunstancias en el momento de producirse el incendio, el salón concentra el 52,3% del total de víctimas, por lo que constituye el lugar más peligroso de la casa seguido del dormitorio (23,3% de los casos).

¿Quién se encarga de cubrir los daños ocasionados por un incendio de estas características en una vivienda? ¿Cómo se valoran estos daños? ¿Cómo se determinan las causas? La respuesta pasa por una correcta valoración pericial para conocer las razones que han provocado el fuego.

El Perito será el encargado de valorar y reconocer los daños provocados por las llamas, y determinará, analizando las causas, cuál es la cuantificación económica del siniestro ocasionado por el fuego.

Hay que tener presente que, en el caso de incendios ocasionados por dolo o culpa grave de los afectados, no será cubierto por la aseguradora, pero ¿qué sucede si el fuego se desencadena por un fallo técnico o un producto defectuoso?

Un ejemplo de una situación así se vivió en Madrid en abril de 2019, cuando una familia vio cómo se incendiaba su vivienda, afortunadamente sin víctimas, a causa de la batería de un patinete eléctrico recién estrenado.

Una situación que no es excepcional, pues no es el primer dispositivo de estas características que desencadena un incendio. La familia presentó una demanda contra el vendedor del producto y su fabricante, que ya ha sido admitida a trámite.

¿Qué hace un perito en una situación así?

• Inspección técnico ocular
• Registro fotográfico
• Análisis de las causas que pudieron provocar el incendio
• Análisis de las evidencias
• Recreación de la situación de origen
• Informe Pericial

El objetivo del Perito experto en incendios no es otro que el de aclarar las circunstancias que han provocado los hechos para poder atribuir responsabilidades y reclamar los daños ocasionados.

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En los últimos años, la tecnología ha provocado significativos avances en el mundo del peritaje. Este progreso ha ido inherentemente unido a un proceso de paulatina regularización y aceptación del uso de sistemas de observación telemática como medio probatorio válido y eficaz.

El videoperitaje es una herramienta que permite al Perito realizar una visita vía telemática del lugar, con el fin de realizar el diagnóstico pericial. Es un método que ha visto su uso incrementado exponencialmente en los últimos años, principalmente por las ventajas de celeridad, precio y coste que suele conllevar.

La implementación de este innovador sistema comenzó con el principal propósito de reducir el tiempo invertido en la valoración de los siniestros, aunque también suponía un ahorro considerable de tiempo al Perito, ya que podía realizar el diagnóstico sin desplazarse hasta el lugar concreto.

Asimismo, esta ventaja con respecto al desplazamiento genera también una disminución de costes considerable, tanto para el Perito a la hora de desplazarse hasta la zona, como para el cliente que verá reducido el importe de su factura.

Otra ventaja significativa de este servicio es el alcance mundial que genera la conexión a Internet, que permite realizar diagnósticos periciales sin la necesidad de estar físicamente en la zona geográfica, permitiendo al Perito operar en cualquier lugar.

Para poder realizar un diagnóstico óptimo es clave la calidad del vídeo, que debe ser excepcional para que el profesional pueda tener una experiencia completa que salve la distancia física.

Otro aspecto para tener en cuenta es la seguridad de las comunicaciones, toda la información y la documentación que se comparta con el cliente por esta vía serán encriptadas.

¿Cuándo resulta más conveniente hacer uso del videoperitaje?

En primer lugar, este método es frecuentemente utilizado para diagnosticar siniestros ocasionados por daños de agua, principalmente en casos en los que la gravedad del desperfecto no es mayúscula.

El Perito puede realizar un preinforme pericial a través de una visita virtual al inmueble, en el que dejará constancia de los daños del siniestro ocasionado por agua y, posteriormente, se podrá utilizar este análisis para presionar y negociar con la compañía aseguradora. Este uso concreto del videoperitaje resulta especialmente útil en situaciones en las que el coste de los daños del siniestro resulta significativamente menor que el propio análisis pericial contratado, abaratando costes con el uso del preinforme pericial telemático.

Asimismo, en la práctica resulta de especial utilidad la vídeo tasación de viviendas. Esto se debe a la facilidad de certificación del estado de los inmuebles, pudiendo servir de prueba los documentos que resulten de dicho peritaje para procedimientos judiciales de herencias o divorcios contenciosos.

Esto se debe a que, generalmente, el material probatorio obtenido a través del teleperitaje resulta más que suficiente para sustentar las alegaciones de las partes, ya que suelen tratarse de análisis periciales sencillos y que no suscitan controversias en cuanto a su validez.

Por último, el videoperitaje también suele usarse en aquellos supuestos de reclamación en la compraventa de muebles, cuando el adquiriente observa que existen defectos en el objeto y debe dejar constancia de ellos de cara a reclamar lícitamente al vendedor. Se termina plasmando lo analizado en un Informe Pericial previo que detalla en profundidad los desperfectos del mueble sin necesidad de que el Perito asista.

En Perito Judicial Oficial estamos abiertos a ofrecer este innovador servicio por las ventajas que otorga, principalmente en cuando a coste y eficiencia. Eso sí, siempre y cuando se trate de valorar una situación de carácter sencillo y urgente; en caso contrario, enviaremos a un profesional para que constate la gravedad y realice el informe pericial clásico.

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Solo en 2021 hubo en España 93.505 divorcios, de los cuales en casi 37.000 no hubo acuerdo entre las partes, según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los inmuebles y su valoración o tasación es una de las disputas habituales tras la ruptura del matrimonio. A la hora de hablar del peritaje de valoraciones inmobiliarias, cabe destacar que existen dos tipos de análisis valorativos de común uso.

En primer lugar, se habla de valoración, como aquel documento de carácter meramente orientativo que trata de fijar el valor del inmueble. Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta, generalmente, los datos ofrecidos por el catastro. Asimismo, se puede realizar sin ningún tipo de inconveniente de forma online, como en el caso de los teleperitajes, puesto que es una simple valoración estimatoria de la que el autor no responde en caso de disconformidad o no adecuación total.

El segundo método es el de la tasación, considerado mucho más trascendental y vinculante de cara a su validez como material probatorio. A diferencia de la valoración, la tasación consiste en un documento legal que certifica de forma fehaciente el valor de un inmueble en función de unos valores preestablecidos e impuestos por una normativa de obligado cumplimiento, que a su vez fija la metodología a seguir.

Las tasaciones de carácter inmobiliario se rigen por lo dispuesto en la Orden ECO/805/2003, que establece un sistema normativo de referencia para la valoración de inmuebles para diversas finalidades financieras. Dependiendo del destino del inmueble, la normativa establece las condiciones que regirán la tasación y como resultado se obtiene un valor conocido como valor de tasación.

Generalmente, este informe de tasación debe estar firmado por un técnico certificador, pero cuando la finalidad es hipotecaria este técnico deberá, asimismo, pertenecer a una de las instituciones de tasación reconocidas por el Banco de España.

El resto de los aspectos de valoración que la normativa dispone son los siguientes:

• Localización del inmueble y orientación.
• Servicios básicos y red de transportes cercanos.
• Superficie del inmueble y zonas comunes aprovechables
• Antigüedad, materiales de construcción y reformas posteriores.

Criterios para realizar una tasación

En cuanto a los criterios seguidos a la hora de llevar a cabo la tasación, se pueden seguir tres métodos diferentes. El primero y más utilizado generalmente es el criterio de referentes directos, que consiste en comparar propiedades similares para determinar el valor del inmueble que se quiere tasar. A continuación, y como criterio de uso subsidiario al anterior, se puede tomar de referencia el valor de reposición del inmueble, calculando el precio de construcción inicial según valores de referencia actuales y amortizando este valor teniendo en cuenta la antigüedad. Finalmente, como método estrictamente relacionado con el precio de alquiler del bien, se usa la capitalización de ingresos.

Las tasaciones inmobiliarias surgen como solución al objeto litigioso que puede ser la compraventa del inmueble en procesos de divorcio contencioso, separación o reparto de herencia, en los que una parte puede abusar de la ignorancia o asimetría de información de la otra. Cabe mencionar que es imprescindible que exista un régimen económico de gananciales para que se efectúe la liquidación de una vivienda por este tipo de procedimiento judicial y, como consecuencia, se designe el 50% de los bienes a cada una de las partes.

Ahora bien, en Perito Judicial Oficial sabemos que en los procesos litigiosos en los que abundan las discrepancias, el valor real del inmueble puede ser objeto de debate, y, como mencionábamos, de abuso. En el momento de obtención de un documento fehaciente del valor real del inmueble, cuando se ponen límites a ese atropello, indicando qué cuantía debe recibir cada una de las partes en el caso de que se opte por vender el inmueble o cuál es la importe que debe recibir el cónyuge que decide vender.

La tasación judicial por sí sola no resulta suficiente, puesto que el Perito debe estructurar las conclusiones, así como los fundamentos que las sustentan, en un informe.

Este será expuesto ante la autoridad judicial competente para su valoración, y a pesar de que el juez pueda tener conocimiento de la materia, el informe debe ser entendible para cualquier persona que no sea experta en el área.

En Perito Judicial Oficial contamos con verdaderos profesionales, con años de experiencia en este tipo de materias litigiosas, que se encargarán de tasar su inmueble con la máxima eficacia y adecuación posible, para poder ser expuesto en un procedimiento judicial siempre que sea necesario.

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El Perito informático es el profesional encargado de iluminar las lagunas del juez en cuanto a asuntos digitales se refiere. Se encarga de realizar un análisis de los elementos informáticos relevantes en el proceso judicial para poder desentrañar indicios probatorios útiles en el marco del litigio.

Además de conocimientos técnico-informáticos, el Perito debe estar formado en cuestiones relacionados con el mundo de lo jurídico y la investigación, es decir, debe tener conocimientos de criminalística, forense, así como de investigación legal, para poder adaptarse a la realidad del proceso judicial.

Dentro del campo de la informática, el Perito se dedica a la investigación y desarrollo de material probatorio en torno a numerosas áreas, entre las que se encuentran:

• Propiedad Industrial
• Análisis de plagio y pruebas informáticas
• Protección de datos personales
• Espionaje
• Manipulación de datos
• Competencia Desleal
• Piratería
• Publicidad engañosa
• Manipulación de Redes Sociales

El papel del Perito informático adquiere especial relevancia en casos en los que su actuación probatoria resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia 378/2022, de 5 de mayo, pone de relieve la importancia del análisis pericial en un contexto de colisión entre dos derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de expresión e información (artículo 20 de la Constitución Española) y el derecho al honor (artículo 18 de la Constitución Española).

En palabras del Tribunal Supremo “ni la libertad de expresión ni la libertad de información son derechos absolutos. El artículo 10.2 CEDH dispone que el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, puede ser sometido a ciertas formalidades […] para la protección de la reputación o de los derechos ajenos como es el caso del derecho al honor”.

Se trata, en ambos casos, de derechos fundamentales, que generalmente cuentan con especial protección por su propia condición de elementales, pero que, en supuestos de colisión, el juez debe decidir dar preferencia solo uno de ellos.

Generalmente, tal y como anuncia el artículo 20.4 CE, el derecho a la libertad de expresión y a la información, tiene su límite con respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. De esta manera, se pueden ejercitar dichos derechos siempre y cuando no se vulneren estos derechos fundamentales, pero existen ciertos matices.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de julio de 1997, ya concretó que “cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público”.

Sin embargo, existe otra nota distintiva y es que, a pesar de poder resultar de interés público, con el objetivo de mantener una opinión pública informada, esta información debe ser plenamente veraz.

En el caso de la sentencia 378/2022, de 5 de mayo, una vez dilucidado que el derecho al honor y la propia imagen habían sido injustificadamente transgredidos, el papel del Perito informático era el de comprobar que, efectivamente, el demandado era autor legítimo de las publicaciones vejatorias de las que era objeto el litigio. En base a la declaración de una figura objetiva e imparcial como es el Perito, el juez pudo declarar un fallo con la mayor seguridad probatoria posible.

En Perito Judicial Oficial, somos plenamente conscientes de la realidad actual, en la que los medios digitales tienen especial relevancia y, por tanto, el papel de los Peritos informáticos resulta fundamental en el marco de un litigio.

Por ello, ofrecemos servicios de peritaje informático a nuestros clientes en gran variedad de áreas. Si necesitas un perito informático no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Conocemos comúnmente la cadena de custodia, en un procedimiento judicial, como aquel conjunto de actos que permiten garantizar la verosimilitud del material probatorio. Se trata de un procedimiento de carácter formal y rutinario que, generalmente, abarca la recogida de pruebas, su posterior traslado, la comprobación y, finalmente, el proceso de vigilancia de estas.

De esta manera, se trata de determinar si la prueba obtenida es fiable, de cara a su mayor o menor legitimidad, y su posterior valoración por parte del juez. Si nos encontramos con una prueba que ha sido ilícitamente modificada, por muy válida que haya sido su obtención, el juez estimará que no pueden extraerse conclusiones fiables y la descartará, pudiendo dejar sin fundamento la declaración de parte.

La articulación de la cadena de custodia se sostiene necesariamente sobre los siguientes principios:

• Principio de aseguramiento de la prueba
• Principio de licitud de la prueba
• Principio de veracidad de la prueba
• Principio de necesidad de la prueba
• Principio de obtención de la prueba
• Principio de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba

El Tribunal Supremo, en su sentencia 795/2104, de 20 de noviembre, entiende que «la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis, pero no a su validez”.

Las pruebas recogidas deben de estar totalmente intactas, de forma que se pueda demostrar su licitud en el juicio, y para ello debe seguirse un procedimiento que respete la cadena de custodia y que, generalmente, se compone de cuatro fases: la recolección de las pruebas garantizando su inocuidad, su correcta preservación y embalaje, el posterior transporte hacia los laboratorios o allá donde deban ser analizadas y, finalmente, su custodia y preservación hasta que inicie el juicio y se presenten ante el juez, lo cual significará el término de la cadena de custodia.

La importancia de la cadena de custodia radica en que, gracias al estricto cumplimiento de las pautas expuestas, se permite asegurar que los indicios probatorios recolectados sirven para sustentar de manera eficaz la prueba en el juicio, habiendo garantizado que se ha evitado todo tipo de contaminación que pueda influir en su legitimidad.

El Perito tiene la responsabilidad de mantener las pruebas intactas

El Tribunal Supremo recuerda, en la reciente sentencia 597/2022, 15 de junio, que “la cadena de custodia sirve de garantía formal de la autenticidad e indemnidad de la prueba pericial. No es prueba en sí misma”. No se pretende aportar ninguna prueba al procedimiento, sino simplemente acreditar que, con las garantías precisas en su conservación, no se ha alterado o vulnerado aquella obtenida con anterioridad.

Como en el resto de pruebas, la prueba pericial tampoco está exenta de este requisito formal, ya que se debe demostrar que se ha asegurado la integral “pureza” del material probatorio.

De hecho, tal y como confirma el Tribunal Supremo, “resulta evidente la relación entre la cadena de custodia y la prueba pericial, por cuanto la validez de los resultados de la pericia depende de la garantía sobre la procedencia y contenido de lo que es objeto de análisis”.

El Perito se encarga de realizar un análisis sistemático de la situación requerida, para posteriormente reflejarlo en un documento técnico (Informe Pericial), donde se detallarán las conclusiones obtenidas en base a los datos analizados.

De esta forma, tiene la responsabilidad de mantener las pruebas intactas, de forma que, por lo común, realiza una copia de las originales (mediante fotografía, vídeo, disco duro, etc.), con el objetivo de mantenerlas libres de cualquier tipo de alteración y asegurar así su admisibilidad en el juicio, ya que la idea es que puedan ser valoradas por el Tribunal sin ningún tipo de modificación técnica.

En Perito Judicial Oficial somos conscientes de la importancia y necesidad de que los peritajes se lleven a cabo con la mayor fiabilidad posible, así como que se transporten y conserven las pruebas según las máximas garantías y respeto a los principios probatorios previstos en el procedimiento judicial.

Si necesitas los servicios de un Perito, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.