«El Tribunal Supremo iguala fuerzas en materia de prueba y sentencia: los dictámenes de la Administración deben ser valorados, al igual que el resto, bajo las reglas de la sana crítica, siempre sin otorgar mayor fuerza a algunos por provenir de la Administración«. Así comienza su artículo en Expansión Jurídico Albert Galán, socio fundador de Perito Judicial Oficial, en el que explica por qué quien es parte no es imparcial.

Expone que «se trata de una sentencia muy importante ya que, hasta ahora, los informes y dictámenes de la Administración contaban con un plus de credibilidad en los procedimientos en los que la propia Administración era parte. Algo que inclinaba la balanza a su favor». El pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo viene dado por la petición de exportación de un cuadro de un particular, que fue rechazada por la Dirección General de Bellas Artes al considerar que la obra poseía un valor excepcional, por lo que debía permanecer en territorio nacional.

Tras el recurso de alzada interpuesto por el particular y los informes emitidos por el director del Museo Sorolla y el jefe del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, el TSJ de Madrid otorgó mayor valor probatorio a los dictámenes de la Administración. Añade Galán que «con su escrito de demanda, el particular, como es lógico, aportó dos dictámenes periciales de dos expertas en la obra del artista. Ambos dictámenes eran claros. Concluían que los méritos del cuadro eran innegables, pero no excepcionales en el contexto de la obra del artista».

Como conclusión, la sentencia que ha examinado ahora el Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo y a la hora de valorar todo el material probatorio otorgó mayor peso al que procede de la Administración.

¿Qué dice ahora el Tribunal Supremo sobre la Administración?

«Ninguna duda cabe de que ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que solo por medio de una pericia pueden ser acreditados», afirma el Tribunal Supremo. También descarta que el juzgador pueda basar su decisión en una pretendida «mayor objetividad e imparcialidad» de los expertos al servicio de la Administración, porque, según dice, «no es lo que la Ley requiere».

En su artículo, Galán explica que «a juicio del tribunal, cuando el TSJ de Madrid se limita a decir que cuando concurren un experto privado y uno de la Administración debe darse mayor credibilidad a este último, no solo no aporta una motivación suficiente del modo en que se ha formado su convicción sobre los hechos, sino -lo que es peor- termina por otorgar implícitamente el carácter de prueba tasada o legal a los dictámenes o informes provenientes de la Administración».

Según concluye el Supremo, «se trata de una visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración».

«Sin duda, un fallo trascendente para la práctica legal, en especial para el trabajo de los Peritos que tradicionalmente nos hemos visto perjudicados cuando la otra parte era la Administración. Ese plus de fuerza probatoria no está justificado. El Supremo no puede ser más claro: no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial«, concluye Galán.

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Texfor, la Confederación de la Industria Textil, entidad española con mayor representatividad del sector textil, ha organizado un café virtual con la participación de Albert Galán, socio fundador de Perito Judicial Oficial, para hablar  sobre «Periciales, dictámenes y valoraciones» en este sector.

Durante su conferencia, Albert ha explicado cómo se realizan los dictámenes periciales sobre los defectos de la cadena de producción textil: análisis y dictamen pericial en cada frase del proceso, así como sobre la existencia de copia o plagio de marca, patente o diseño textil.

Además, ha explicado cómo se preparan las periciales ante la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. En este punto ha hablado sobre los avales: tasación para acreditar como avales ante la administración pública, Hacienda, TT.SS., etc.; y sobre los ERTES: justificación de ERTE de causas económicas por disminución de las ventas, pérdida de competitividad, problemas de costes, márgenes y bajo rendimiento aboral, entre otros aspectos importantes.

Asimismo, ha explicado las tasaciones y valoraciones en ERTE y concursos de acreedores, la valoración de los activos de la empresa, stocks, I+D y maquinaria.

Si quieres conocer en profundidad todo lo comentado por Albert sobre «periciales, dictámenes y valoraciones» en el sector textil durante el café virtual, no te pierdas el vídeo resumen de los momentos clave del encuentro.

Café virtual sobre «Periciales, dictámenes y valoraciones en el sector textil»

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¿Qué es un administrador judicial?

El AdministradorJudicial es el profesional que se encarga, bajo mandato judicial, de administrar y proteger el patrimonio de las partes de un proceso judicial hasta el final del mismo. Además, se encarga de que estos bienes sigan generando frutos en el futuro.

El artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que su nombramiento es acordado por el Letrado de la Administración de Justicia, de forma que se encuentra desvinculado de las partes.

Se trata de una profesión que depende de la orden de un juez o tribunal y debe ser independiente e imparcial en su labor, garantizando la mayor rentabilidad posible de los bienes a su cargo. Su principal deber es el de realizar informes cuyos destinatarios serán el juez y las partes interesadas.

Requisitos para actuar como Administrador Judicial

Los principales requisitos para actuar como Administrador Judicial son: estar en plenitud de sus derechos civiles y poder actuar libremente en un juicio, certificar solvencia, demostrar rectitud en sus actos y tener estudios en Economía, necesarios para el caso de administración de empresas.

El Administrador Judicial actúa principalmente en los siguientes casos: embargo de bienes y rentas, cuando no hay padres o tutores legales, en la ausencia de personas para gestionar sus bienes, subastas judiciales sin garantías de cobros, créditos realizables, administración de bienes y muebles, entre otros.

Principales funciones que desempeña un Administrador Judicial

Como comentamos, los administradores judiciales actúan de manera independiente a las partes en conflicto y son imparciales, es decir, su labor debe ser neutral y es fundamental para poder llevar a cabo las resoluciones de los conflictos en cuestión. Las principales funciones de este cargo son las siguientes:

• Asegurar los cobros en los procesos judiciales.
• Gestionar el patrimonio ajeno que tiene a su custodia cuando existe la ausencia de la persona en cuestión.
• Ser auxiliar y cumplir con las indicaciones para colaborar con el juez.
• Apoyar al acreedor que lo designa, aunque este cargo debe ser aprobado por el juez.
• Custodiar y mantener los bienes patrimoniales que han sido asignados para el cuidado en todas sus versiones, incluso hacer que estos sigan generando valor en el futuro.
• Informar a todas las partes del proceso sobre los detalles de las actividades desarrolladas para la solución de un caso.
• El administrador judicial también actúa cuando los involucrados son sociedades. Su principal función en este caso es controlar a los que administran estas sociedades, es decir, delimita quienes son los gerentes de dicha empresa.

Beneficios de los Administradores Judiciales

Los Administradores Judiciales tienen unas funciones esenciales para resolver conflictos entre las partes involucradas en el proceso. Como consecuencia, cuentan con ciertos beneficios. Los principales son:

• El administrador judicial ayuda en la confección de inventarios cuando se trata de una herencia que ha entrado en litigio.
• Este profesional actúa y representa en nombre del deudor en el caso de que a este se le suspendan sus facultades patrimoniales.
• Presenta informes al juez y de esta manera le mantiene al tanto de la recuperación económica de las sociedades que se encuentren a su cargo.
• Son profesionales que están constantemente formándose y la finalidad de esto es mejorar la calidad y la eficacia de los trabajos y acciones que realizan.
• Contratar a un administrador judicial, ya que existen ayudas o subvenciones para poder contratar sus servicios.
• Cuentan con un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que se puedan provocar en la gestión administrativa de los valores patrimoniales que se encuentren a su cargo.

De forma general, los Administradores Judiciales pertenecen a empresas con experiencia en Economía y también realizan informes periciales económicos, administraciones concursales, valoraciones de empresas, liquidación de sociedades y mediaciones.

Si quieres más información sobre los Administradores Judiciales, no dudes en contactarnos.