Vuelve a ser protagonista, una vez más, el debate sobre las presuntas irregularidades que envuelven el mundo del fútbol. En esta ocasión, sale a la luz por el juicio del millonario fichaje de Neymar por el Barça, conocido como el caso Neymar 2, que ha concluido con la absolución de todos los acusados por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Nuestro socio director, Albert Galán Llongueras, escribe un nuevo artículo para Expansión en el que se centra en la corrupción en el mundo del fútbol y el papel del ‘compliance’ en este sector.

Tras sentarse en el banquillo el actual jugador del París Saint-Germain (PSG), su familia, los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y los clubes implicados por delito de corrupción entre particulares y estafa, el Ministerio Público había retirado sus acusaciones y la causa, como indica Galán, «se sustentaba por las acusaciones particulares, que todavía pueden recurrir». Es a causa de esta situación por lo que florece el debate sobre las presuntas irregularidades en el mundo del fútbol.

«Son tan elevadas las pretensiones económicas que tienen todos los integrantes de esta industria (federaciones, clubes de fútbol, jugadores, representantes…), que muchas veces, con el fin de aumentar sus ganancias o, en su defecto, minimizar sus pérdidas, se mueven en los límites de la legalidad», añade el experto.

Perito Judicial en el caso Neymar 2

La figura del Perito también ha tomado su protagonismo durante la celebración del caso Neymar 2, donde era necesaria la participación de un Perito experto en cumplimiento normativo. En estos casos tan complejos, como puede ser este tipo de traspasos millonarios, derechos de imagen o estructuras fiscales vinculadas a los ingresos de los futbolistas, resulta impensable que no participe un Perito que aporte una valoración desde un punto de vista técnico, que conozca la evolución e implantación de los estándares del sector, la normativa aplicable en cada momento y los usos y costumbres en el mercado en cuestión.

En el comentado juicio, «el papel del Perito se centró en analizar y explicar las medidas de compliance empleadas por el club catalán en el momento en el que se produjo el fichaje del jugador brasileño. Dado que se efectuó en el año 2013 y no estaba instaurado ningún sistema de compliance, el Perito analizó los mecanismos de prevención y controles internos que tenía el club en ese momento», afirma Galán.

Auditar los programas de compliance implantados

Unos años después del mencionado juicio, LaLiga implantó en el fútbol profesional un sistema de programas de cumplimiento, con el fin de acabar con las irregularidades en esta industria, así como mejorar la imagen extradeportiva del fútbol español.

Confirma Galán que «por ello, de cara a analizar su implantación o cumplimiento, una pericial es fundamental, ya que el objetivo es auditar los programas de cumplimiento implantados o su ausencia. Especialmente relevantes son las periciales vinculadas al área fiscal por su complejidad, en las que el propio Perito arroja luz sobre las pruebas que tiene que valorar el juez».

«En definitiva, ahora mismo la industria futbolística no se entiende sin programas de compliance. El Perito experto en esta materia siempre ha de estar en el once inicial de toda operación en este mercado, ya que ayuda a los clubes a prevenir prácticas irregulares, supone una vía a la eximente de responsabilidad penal y un sistema de auditoría para los sistemas y controles que se emplearon en el pasado», concluye.

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«En un proceso judicial, tanto el juez como las partes demandadas pueden requerir la intervención de un Perito Judicial para la elaboración de un informe que esclarezca los hechos en relación con una determinada materia relevante en el proceso y que requiera expertise en una determinada área». Así comienza la entrevista realizada a nuestro socio fundador, Albert Galán, por parte de Líder Legal.

Galán tiene claro que el trabajo de los Peritos es honesto; a diferencia de los abogados, esta figura no puede mentir. «Nuestros informes correctamente elaborados son la base de nuestro futuro profesional», apunta. «Partiendo de la hipótesis de unos hechos concretos, analizamos en profundidad todos los datos y circunstancias, preparamos una síntesis y extraemos conclusiones. Ese informe que analiza los hechos utilizando el método científico en un procedimiento judicial es lo que llamamos peritaje judicial».

¿Qué valor aporta el peritaje para la abogacía?

Responde de forma clara: «aporta a la abogacía un esclarecimiento técnico de la situación que se está enjuiciando». Lo hace aportando más credibilidad a la demanda o escrito del abogado. «Cuando la argumentación del abogado está basada en pruebas de hechos concretos, el Informe Pericial otorga consistencia, estructura, fundamento y solidez a la demanda o contestación de la demanda», añade.

¿Qué oportunidades y retos tienen para los próximos años?

Explica el experto que en términos de organización el colectivo de Peritos Judiciales puede mejorar mucho y, también, que hay que erradicar el intrusismo profesional. «Cualquier pericial basada en un informe de un experto siempre refuerza más la demanda o la contestación de demanda, pero si un informe ha sido elaborado por un no experto -el intrusismo profesional que comentábamos- lo que se logra es el efecto contrario. Otro ángulo importante es realizar exposiciones muy claras en los informes para poder desglosar en los conceptos cuál ha sido la situación real y los puntos clave», afirma.

¿Se han incrementado en los últimos años los casos de peritajes judiciales? ¿En qué áreas?

A esto responde un consistente «sí». Aclara que «existen dos posibles razones que justifican este incremento: por un lado, la complejidad del mundo en el que vivimos; la globalidad, las nuevas tecnologías, etc., hacen que técnicamente necesitemos más expertos que nos proporcionen explicaciones especializadas sobre cada materia. Por otro lado, también existen regulaciones legales que obligan a hacer periciales para determinar valoraciones o situaciones en las que se requiere un pleito por imputación o por imperativo legal».

¿Cuál ha sido el caso de peritaje judicial más completo que ha tenido?

«Yo no diría complejo, porque para un experto en una materia no existe la complejidad como tal. Yo lo llamaría curioso, y es algo apasionante en la profesión que siempre nos tiene intrigados: averiguar cuál es el objeto de esa pericia, qué es lo que el abogado o el cliente quiere que hagamos. Casos curiosos hay de muchos tipos; hubo un caso en el que tuvimos que valorar una actividad de un zoológico de mariposas. En temas médicos, lo más ‘complejos’ quizá sean los psicológicos, porque requieren una evaluación del estado de la persona y, especialmente, en los que intervienen temas más humanos como accidentes laborales».

¿El peritaje va de la mano con los avances tecnológicos?

Sin duda. «Intentamos dar respuesta a los clientes y despachos de abogados, sobre todo cuando necesitan reforzar sus escritos con alguna pericial. Nosotros nos encargamos de todo, ofrecemos un servicio integral de periciales que cubre todo el espectro de casos; es decir, que cuando un abogado necesita un Perito Judicial nos llama y nosotros le buscamos al mejor profesional en esa materia, el más adecuado para esa demanda y que encaje con sus necesidades», asegura.

¿Se han dado casos de litigios recientes en el metaverso donde esté presente el peritaje?

Galán detalla que, ciertamente, el metaverso será una parte importante para los peritajes del futuro. «Hemos recibido muchas consultas por el momento y esto nos hace presagiar que en un futuro próximo la mayoría o una parte importante de los temas de los peritajes, sobre todo en base de propiedad y en base de legitimidad, se van a dar temas de metaverso y nuevas tecnologías».

Perito Judicial Oficial y los premios Legal Marcom

El experto, al ser preguntado por qué destacaría del valor de estos premios y esta gala con respecto a otros eventos y reconocimientos del sector, explica que «el principal diferencial es claro: tanto en el jurado como en las mesas redondas hay un elevadísimo número de general counsel de empresas líderes en sus sectores, una figura clave para los abogados que participan en los premios y que asistirán a la gala. Tanto la elección como el proceso de votación son excelentes: transparentes, objetivos y basados en criterios sólidos. Estamos muy felices de formar parte de esta gran iniciativa».

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Muchos son los chefs amateurs de nuestro país que se han preguntado en alguna ocasión si su receta es exclusiva y merece la protección de una patente frente a copias o plagios para usos comerciales. Nuestro socio director, Albert Galán Llongueras, escribe sobre ello en El Confidencial.

Lo primero que se debe conocer para hacer un registro de este tipo es si resulta novedosa y no está ya protegida. Aconseja Galán acudir a las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Solo podrá llevarse a cabo el proceso si es novedosa y no ha tenido divulgación alguna anteriormente, si se distingue por una actividad inventiva no obvia a un experto y si su fabricación es físicamente posible.

Afirma el experto que «la clave pasa por tres requisitos, a priori sencillos, pero que no lo son tanto en el caso de las recetas». No obstante, hay recetas con patente, como la salsa brava tradicional, el gazpacho sin tomate o productos de pastelería para alergias e intolerancias a los componentes de la leche, del huevo, frutos secos o el gluten.

«Además, la receta también puede ser considerada como modelo de utilidad, es decir, un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El modelo de utilidad es una mejora, una ventaja práctica aplicable. Por ejemplo, la receta del salmorejo natural instantáneo. La conclusión es que las recetas sí son patentables, pero la siguiente pregunta es: ¿Responde a una necesidad o más bien a una cuestión de orgullo? ¿Puede más la idea de contar a nuestros comensales que nuestra receta está patentada?», se pregunta.

Aconseja Galán responder a estas cuestiones antes de iniciar el procedimiento, ya que conlleva un coste, incluida la renovación anual en otros países. «Desde mi experiencia como Perito, resulta clave un estudio de viabilidad orientado al potencial financiero y comercial de la idea. En este proceso, la intervención de un profesional experto en patentes y marcas también será decisiva en su destino».

A la hora de aprobar lo que se quiere proteger, en este caso la receta, se estudia la solidez de las reivindicaciones, uno de los puntos decisivos. Es frecuente que esto sea objeto de impugnación por parte de los competidores, de ahí la importancia de contar con unas reivindicaciones bien fundamentadas.

Otra cuestión importante que es necesario resolver es: ¿desde qué momento se empieza a contar? Galán responde: «¿desde que contamos con una receta que consideramos exclusiva o desde que está preparada para el mercado? Aquí, el asesoramiento de un experto también resultará esencial, pues habrá que tener en cuenta cuestiones como el coste de los derechos de Propiedad Intelectual, la fuerza de la solicitud y de su posterior valor en el mercado».

Concluye afirmando que «solicitar una patente es un procedimiento jurídico que exige un estudio al detalle y una estrategia. Como siempre, las prisas no son buenas consejeras. Y es que, la posibilidad de que sea rechazada es alta por los exigentes requisitos, de ahí la importancia de dejarlo en manos de un experto que conozca el proceso y tenga los conocimientos y recursos para resolver cualquier conflicto técnico. Si contamos con la receta y confiamos en sus posibilidades, se trata de empezar a estudiar la viabilidad».

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«El conflicto por el Pazo de Meirás entre la familia Franco y el Estado va mucho más allá de la propiedad del recinto y las fincas. La disputa que ahora se dirime es por gran parte de los bienes que contiene el Pazo que fue residencia estival de Franco. ¿Los bienes del Pazo pueden ser retirados? ¿El reemplazo es una solución al conflicto? ¿Meirás se entiende sin sus bienes?». Así comienza Albert Galán, nuestro socio fundador, su último artículo publicado en El Derecho, en el que pone de manifiesto la importancia de los Peritos y los Informes Periciales en este procedimiento, que sigue siendo de actualidad.

Recientemente, el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña se ha pronunciado sobre este asunto, determinando que los bienes protagonistas de la controversia no pueden ser retirados de Meirás, tal y como solicitaba la familia Franco, ya que estos adquirieron la condición y naturaleza de inmuebles por incorporación, por destino o por ambos.

Resulta crucial en este caso determinar cuál es la ubicación actual de cada objeto, dado que resulta fundamental para analizar su relación y visión homogénea. «Y es que los elementos y su emplazamiento responden a la idea de formar un conjunto iconográfico», añade Galán.

«¿Qué determina la decisión?»

Afirma el experto que conoce «en primera persona cómo de determinante para el futuro de un asunto es el Informe Pericial. Y este caso no ha sido una excepción. Los Peritos han dado en la diana al vincular así los bienes y el Pazo, defendiendo su voluntad de permanencia y su valor como conjunto iconográfico. En otras palabras, no hay Pazo sin bienes y no hay bienes sin Pazo. Son un todo».

El análisis que debe realizar el Perito debe tener en cuenta la interrelación de unos y otros elementos, su ubicación, su colocación, su destino y su finalidad, ya sea de uso ornamental o meramente funcional. Pero no únicamente esto, sino también las consideraciones históricas, cronológicas, estilos arquitectónicos o artísticos, así como el tipo de construcción y edificación (arquitectura palaciega) en la que los bienes se encuentran ubicados actualmente.

«¿Se pueden reemplazar las piezas discutidas?»

«El reemplazo, a priori, podría plantearse como una solución. Y es que, en la práctica, sería factible dicho reemplazo desde el punto de vista físico. Sin embargo, con ello se lograría ‘un falso histórico’; es decir, una intervención para sustituir los elementos originales. En definitiva, una transformación de la esencia del Pazo», agrega.

El Tribunal Supremo ya apuntó el pasado año que la calificación de unos bienes como inmuebles por destino, no por naturaleza, no excluye necesariamente y en todo caso que puedan perder esta condición si son separados del inmueble al que hubieran estado destinados.

Concluye Galán afirmando que «esta decisión sobre el destino de los bienes del Pazo de Meirás no es firme todavía. Por ahora, la intervención de los Peritos ha sido clara: el Pazo de Meirás no se entiende sin sus bienes».

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Es época de incendios y, un año más, España lo está sufriendo, más aún que cualquier territorio europeo. En lo que va de año, más de 220.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Por esta razón, nuestro socio fundador, Albert Galán, ha escrito para Cinco Días sobre cómo valorar los daños materiales de un incendio cuando las llamas alcanzas la vivienda, cuestión que preocupa enormemente a todos los afectados.

Lo primero que hay que preguntarse ante una situación así, independientemente de si el incendio ha sido provocado o no por terceros, es si se cuenta con un seguro y si la póliza incluye la cobertura de incendios. Siendo así, la cobertura dependerá de lo contratado en cada caso; puede incluir el continente (la vivienda), el contenido (el valor de los objetos afectados o desaparecidos), el vehículo que estuviera en el garaje, las obras de reforma para reparar los daños del incendio e, incluso, el jardín si ha sido afectado. Además, añade Galán, «en principio, cubrirá los daños relacionados con fuego, polvo y humo. Eso sí, los daños no estarán cubiertos si el incendio ha sido ocasionado por dolo o culpa grave del asegurado».

La importancia del Perito para valorar los daños materiales de un incendio

En esta ocasión, la figura del Perito vuelve a ser imprescindible. Será el encargado de valorar y reconocer los daños provocados por las llamas, y determinará, analizando las causas, cuál es la cuantificación económica de lo ocasionado por el fuego. «Como paso previo, el asegurado debe comunicar al asegurador el siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio, tal y como indica la Ley de Contrato de Seguro. Eso sí, este efecto no se producirá si de prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. Además, el asegurado debe dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En este tipo de incidentes es recomendable no tocar y realizar fotografías«, aporta el experto.

Galán explica que, «una vez producido el siniestro, y en un plazo de cinco días a partir de la notificación prevista antes indicada, el asegurado debe comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños«. En el caso de que la vivienda haya sido calcinada por completo por las llamas, la póliza constituirá una presunción a favor del asegurado.

Si se llega a un acuerdo entre el asegurado y el asegurador sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias para reemplazar los objetos asegurados. Si no se llega a un acuerdo, cada parte designa un Perito, que podrán o no estar de acuerdo.

Si el acuerdo no se consigue entre los profesionales, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad. «De no existir, se podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial», añade Galán.

En caso de que el afectado no tenga contratada ninguna cobertura de incendios o que no se le puedan reclamar los daños al causante del fuego no se podrá reclamar la indemnización. «Tan solo cabe una excepción, y es que es debido a la situación extraordinaria y la gravedad del incendio, el Gobierno apruebe ayudas para los afectados«, concluye.

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Si hay un sector en el que las horas extras son especialmente complejas es el del transporte por carretera. A diferencia de los trabajadores del régimen general, en este caso en concreto existe una medición de los tiempos muy particular, contemplada en el Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo. ¿Cómo se miden las horas extras? ¿Cómo se reclaman? Nuestro socio fundador, Albert Galán, escribe sobre ello para Cinco Días.

En este sector, las horas están divididas en diferentes áreas. Por un lado, el tiempo de trabajo efectivo; es decir, las horas de conducción y otros trabajos, como carga y descarga, limpieza o mantenimiento técnico, entre otros. Por otro, el tiempo de descanso; y, por último, el tiempo de presencia o disponibilidad. Esto es cuando el personal no está trabajando pero sí debe estar disponible para retomar su actividad en cualquier momento. Como bien indica Galán, «se da la paradoja de que no es tiempo de trabajo, pero tampoco de descanso. Hay que tener en cuenta, además, que las horas de presencia o disponibilidad no son computables para el total de horas de jornada diaria y tampoco para las horas extraordinarias. ¿Cómo se registran las horas?».

Para llevar un mayor control sobre esto, desde 2016 es obligatorio que los vehículos con una MMA (masa máxima autorizada) superior a 3,5 toneladas -o si es un vehículo para viajeros, cuando tenga más de nueve plazas- tengan instalado un tacógrafo, ya digital para aquellos vehículos matriculados posteriormente a esta fecha. En él se almacenarán, sin posibilidad de manipulación, los tiempos y velocidades. Se registrarán las horas trabajadas por el transportista, que está obligado a conservar este registro durante cuatro años, así como durante un año los ficheros del tacógrafo, por si la Inspección del Trabajo lo requiriera.

«Precisamente, estos registros y ficheros servirán de prueba en caso de acudir a los tribunales como consecuencia de un conflicto derivado de la jornada laboral. El más común, como hemos dicho, las horas extra. Eso sí, no basta con la recogida de datos, es necesaria su interpretación, una tarea que llevamos a cabo los Peritos«, afirma Galán.

En este caso, la función de los Peritos es justificar en qué se han invertido las horas de más que el trabajador ha dedicado e identificar cómo han quedado reflejadas en el tacógrafo. El Perito tendrá en cuenta la legislación vigente de cada comunidad autónoma para ello, dado que cada territorio tiene su propio convenio colectivo para logística y transporte.

Reclamación por las horas extra de los transportistas

A la hora de reclamar se hará a través de la jurisdicción social, «primero tratando de alcanzar un acuerdo amistoso con la empresa y, si no es posible, acudiendo a los tribunales. La última puerta que hay que tocar para reclamar las horas extra», concluye Galán.

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«El Tribunal Supremo iguala fuerzas en materia de prueba y sentencia: los dictámenes de la Administración deben ser valorados, al igual que el resto, bajo las reglas de la sana crítica, siempre sin otorgar mayor fuerza a algunos por provenir de la Administración«. Así comienza su artículo en Expansión Jurídico Albert Galán, socio fundador de Perito Judicial Oficial, en el que explica por qué quien es parte no es imparcial.

Expone que «se trata de una sentencia muy importante ya que, hasta ahora, los informes y dictámenes de la Administración contaban con un plus de credibilidad en los procedimientos en los que la propia Administración era parte. Algo que inclinaba la balanza a su favor». El pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo viene dado por la petición de exportación de un cuadro de un particular, que fue rechazada por la Dirección General de Bellas Artes al considerar que la obra poseía un valor excepcional, por lo que debía permanecer en territorio nacional.

Tras el recurso de alzada interpuesto por el particular y los informes emitidos por el director del Museo Sorolla y el jefe del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, el TSJ de Madrid otorgó mayor valor probatorio a los dictámenes de la Administración. Añade Galán que «con su escrito de demanda, el particular, como es lógico, aportó dos dictámenes periciales de dos expertas en la obra del artista. Ambos dictámenes eran claros. Concluían que los méritos del cuadro eran innegables, pero no excepcionales en el contexto de la obra del artista».

Como conclusión, la sentencia que ha examinado ahora el Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo y a la hora de valorar todo el material probatorio otorgó mayor peso al que procede de la Administración.

¿Qué dice ahora el Tribunal Supremo sobre la Administración?

«Ninguna duda cabe de que ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que solo por medio de una pericia pueden ser acreditados», afirma el Tribunal Supremo. También descarta que el juzgador pueda basar su decisión en una pretendida «mayor objetividad e imparcialidad» de los expertos al servicio de la Administración, porque, según dice, «no es lo que la Ley requiere».

En su artículo, Galán explica que «a juicio del tribunal, cuando el TSJ de Madrid se limita a decir que cuando concurren un experto privado y uno de la Administración debe darse mayor credibilidad a este último, no solo no aporta una motivación suficiente del modo en que se ha formado su convicción sobre los hechos, sino -lo que es peor- termina por otorgar implícitamente el carácter de prueba tasada o legal a los dictámenes o informes provenientes de la Administración».

Según concluye el Supremo, «se trata de una visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración».

«Sin duda, un fallo trascendente para la práctica legal, en especial para el trabajo de los Peritos que tradicionalmente nos hemos visto perjudicados cuando la otra parte era la Administración. Ese plus de fuerza probatoria no está justificado. El Supremo no puede ser más claro: no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial«, concluye Galán.

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¿Qué ocurre cuando se lanza un producto de una firma en el Metaverso sin el permiso de la marca en cuestión? La respuesta a esta pregunta se debate a día de hoy entre los expertos en la materia. Nuestro socio fundador, Albert Galán, la responde en su último artículo, publicado en El Confidencial: ¿esto es arte o es una infracción de marca?

Galán se centra en un caso en concreto: el Birkin de Hermès, uno de los bolsos más codiciados de la firma francesa, ha encontrado su competencia en el Metaverso con el lanzamiento de MetaBirkins. Se trata de una colección de 100 NFT únicos creados con pieles de imitación. La firma Hermès no lo ha pasado por alto y ha emprendido acciones legales por infracción de marca al considerar que ha vulnerado sus derechos como propietario de la misma. Añade Galán, también, que «de este modo, solicita que paralice el proyecto, una indemnización por daños y perjuicios y el dominio ‘MetaBirkin‘».

«La posición de Rothschild (creador de los NFT) parece lógica. Defiende que él no está vendiendo bolsos Birkin falsos, sino que realiza obras de arte que representan bolsos Birkin imaginarios. Por ello, se ampara en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) y recuerda que bajo ella Andy Warhol ejerció su derecho a vender obras de arte que representaban latas de sopa Campbell», afirma nuestro socio.

Según se explica en el artículo, no es tarea fácil para los tribunales, que tendrán que investigar si es preciso que se aprecie un aprovechamiento de esa reputación, que sea indebido y que sea sin justa causa. «En estos litigios, a diferencia de los tradicionales conflictos de marca, no se vende una copia física de los bolsos o zapatillas, sino NFT; es decir, elementos digitales propiedad de quien los compra. El comprobante se almacena en una cadena de bloques (‘blockchain’), que es una base de datos digital de acceso público», añade.

Galán se pregunta: ¿rigen las mismas normas en el mundo virtual que en el real? ¿Cómo se valoran las consecuencias legales de las infracciones en el metaverso? ¿Qué legislación es aplicable? ¿Se puede dar respuesta a estas preguntas? «Todavía falta consenso sobre ello. Desde luego, será fundamental el papel de profesionales especializados en Propiedad Intelectual e Industrial, así como los expertos en valoración de daños y nuevas tecnologías. Y es que en estas situaciones es necesario investigar, reunir todo tipo de pruebas, comprobarlas y analizarlas. El trabajo es exhaustivo y supone estudiar el asunto al detalle», concluye. La decisión ahora depende de los tribunales de Nueva York, que sentarán precedente por ser el primer caso de este tipo.

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El impacto económico que ha supuesto la pandemia en el sector de la hostelería ha provocado que los establecimientos se encuentren muy debilitados por las consecuencias de los parones que ha ocasionado la COVID-19. A día de hoy, estos establecimientos han solicitado a las aseguradoras el pago de indemnizaciones derivadas de las ganancias dejadas de percibir durante esos meses de crisis económica. La batalla legal se encuentra en auge desde principios de 2022, ya que muchos han decidido reclamar por la vía judicial. Sobre esto escribe nuestro socio fundador, Albert Galán, para Cinco Días.

En estos casos, las aseguradoras tienen como deber apoyar la compensación de las pérdidas de beneficios por su parte en base a la relación contractual de póliza de seguros entre las dos partes. Estas recusan su responsabilidad porque, según sus representantes legales, la interrupción de la actividad de este sector no está incluida en las circunstancias cubiertas por el contrato de póliza.

Los tribunal, ¿a favor de las aseguradoras o de los hosteleros?

Los juzgados suelen fallar a favor de las aseguradoras, aunque hay casos en los que el tribunal le ha concedido el juicio a los hosteleros, como en el caso de la pizzería Bela Napoli, que se condenó a SegurCaixa al pago de una sanción más intereses por el lucro cesante derivado del cierre.

El confinamiento obligatorio, así como los parones de actividad impuestos por la pandemia, han sido un conflicto entre negocios y aseguradoras a nivel mundial. En muchos países del mundo, como en Reino Unido, ya se ha asentado como jurisprudencia ofrecer indemnización frente a la imposibilidad de acceso al establecimiento debido a una orden pública. En otros países, como en Alemania, tienden a fallar a favor de los hosteleros, quienes reciben alrededor de un 13% de las pérdidas de los negocios en base a pólizas por pérdidas de beneficios.

Estas pérdidas de beneficios se conocen como lucro cesante y están directamente relacionadas con un daño en concreto. En los litigios relacionados con estos aspectos la figura del perito resulta esencial a la hora de concretar la cuantificación del lucro cesante. La finalidad de esta figura en estos casos es, sobre todo, aportar pruebas coherentes de los hechos controvertidos.

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En la sentencia del caso  ‘Thermomix contra Lidl’ se puede leer que el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona confirmó que el robot de Lidl reproducía exactamente algunas de las características de la tecnología creada por Vorwerk y que, por tanto, se trataba de un acto de explotación directa y de plagio a su invención. Expansión ha contado con la opinión experta de nuestro socio fundador, Albert Galán, para escribir sobre ello.

Thermomix denunció a Lidl con el fin de que retirara su robot del mercado y se indemnizara a Vorwerk por daños y perjuicios ocasionados. Este es uno de los múltiples casos que existen con estas características, por ejemplo, la farmacéutica Moderna podría ser demandada por infracción de patentes por su vacuna contra la COVID-19, tras rechazar un tribunal su impugnación de las patentes de Arbutus Biopharma Corporation.

Nos encontramos con distintas noticias en muchos otros sectores como son la moda, las farmacéuticas y las nuevas tecnologías; en el sector de la moda es muy común ver este tipo de casos, en los que destacan los plagios y falsificaciones de los diseños más icónicos de las marcas de lujo. En este mundo se cuenta con infinitos ejemplos, como la reciente acusación de la marca Nike a la marca Adidas por copiar su tecnología de confección de tejidos y la conocida victoria de esta misma, Adidas, ante el Tribunal General de la Unión Europea frente a la marca Shoe Branding Europe en 2018, por un diseño de la marca que generaba confusión entre los clientes.

Al recibir demandas de grandes marcas, los Informes Periciales son imprescindibles a la hora de analizar el caso. También es muy importante, en estos casos, que las empresas protejan sus invenciones y diseños ya que constituyen el principal activo responsable de la generación de valor. En casos de infracción de patentes y marcas es fundamental que el Perito experto designado en el caso demuestre tanto la comisión de la infracción como la cuantificación del daño a la reputación de la empresa y determine el posible aprovechamiento indebido de su notoriedad en el mercado.

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