«El Tribunal Supremo iguala fuerzas en materia de prueba y sentencia: los dictámenes de la Administración deben ser valorados, al igual que el resto, bajo las reglas de la sana crítica, siempre sin otorgar mayor fuerza a algunos por provenir de la Administración«. Así comienza su artículo en Expansión Jurídico Albert Galán, socio fundador de Perito Judicial Oficial, en el que explica por qué quien es parte no es imparcial.

Expone que «se trata de una sentencia muy importante ya que, hasta ahora, los informes y dictámenes de la Administración contaban con un plus de credibilidad en los procedimientos en los que la propia Administración era parte. Algo que inclinaba la balanza a su favor». El pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo viene dado por la petición de exportación de un cuadro de un particular, que fue rechazada por la Dirección General de Bellas Artes al considerar que la obra poseía un valor excepcional, por lo que debía permanecer en territorio nacional.

Tras el recurso de alzada interpuesto por el particular y los informes emitidos por el director del Museo Sorolla y el jefe del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, el TSJ de Madrid otorgó mayor valor probatorio a los dictámenes de la Administración. Añade Galán que «con su escrito de demanda, el particular, como es lógico, aportó dos dictámenes periciales de dos expertas en la obra del artista. Ambos dictámenes eran claros. Concluían que los méritos del cuadro eran innegables, pero no excepcionales en el contexto de la obra del artista».

Como conclusión, la sentencia que ha examinado ahora el Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo y a la hora de valorar todo el material probatorio otorgó mayor peso al que procede de la Administración.

¿Qué dice ahora el Tribunal Supremo sobre la Administración?

«Ninguna duda cabe de que ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que solo por medio de una pericia pueden ser acreditados», afirma el Tribunal Supremo. También descarta que el juzgador pueda basar su decisión en una pretendida «mayor objetividad e imparcialidad» de los expertos al servicio de la Administración, porque, según dice, «no es lo que la Ley requiere».

En su artículo, Galán explica que «a juicio del tribunal, cuando el TSJ de Madrid se limita a decir que cuando concurren un experto privado y uno de la Administración debe darse mayor credibilidad a este último, no solo no aporta una motivación suficiente del modo en que se ha formado su convicción sobre los hechos, sino -lo que es peor- termina por otorgar implícitamente el carácter de prueba tasada o legal a los dictámenes o informes provenientes de la Administración».

Según concluye el Supremo, «se trata de una visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración».

«Sin duda, un fallo trascendente para la práctica legal, en especial para el trabajo de los Peritos que tradicionalmente nos hemos visto perjudicados cuando la otra parte era la Administración. Ese plus de fuerza probatoria no está justificado. El Supremo no puede ser más claro: no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial«, concluye Galán.

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La prueba pericial

La prueba pericial o dictamen de peritos, como se ha visto en artículos anteriores, es un medio de prueba en virtud del cual una persona especializada y con los conocimientos técnicos adecuados aporta su valoración en un proceso para que el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los elementos de prueba. Es importante recalcar que dicha prueba debe referirse a conceptos, juicios y máximas de experiencia propias de un saber especializado. Por tanto, la función del perito es aportar al órgano jurisdiccional los conocimientos que por su profesión, pericia o experiencia, posea, a fin de que este pueda resolver o apreciar mejor los hechos relevantes en el pleito.

La prueba pericial tiene una gran relevancia en todos los procesos. En numerosas ocasiones, la decisión sobre la validez o nulidad de un acto o disposición de carácter general depende de la apreciación por el órgano jurisdiccional de determinados aspectos técnicos, que han de ser acreditados por un dictamen de peritos.

Veamos a continuación la importancia de esta figura en el marco administrativo.

Importancia y funciones del Perito Administrativo

Los informes técnicos y las pruebas periciales juegan un papel fundamental en la actividad administrativa y judicial de determinados procedimientos administrativos y judiciales. Su figura cobra especial relevancia cuando se trata de cuestiones especializadas, ya que la calidad y rigurosidad del informe, tanto técnica como legal, puede influir en la decisión del juez respecto del procedimiento. La labor principal que desempeña el perito administrativo es el análisis y la valoración de la litigiosidad que puede originarse con motivo de la contratación administrativa, así como de otros aspectos relacionados con cualquier procedimiento administrativo.

Procesos en los que participa el Perito Administrativo

Los peritos administrativos pueden intervenir en todos aquellos procedimientos en vía administrativa en los que surja cualquier controversia para cuya resolución se requiera el dictamen de un técnico titulado en el área en cuestión. Dentro de los procesos judiciales en los que se recurre a la prueba pericial en la jurisdicción contencioso-administrativa, podemos afirmar que los procesos relacionados con materias de urbanismo se encuentran entre los más frecuentes. En estos casos, el perito desempeña un rol fundamental, como puede ser el análisis y la determinación del justiprecio de una expropiación o la ejecución de expedientes de ruina. También es habitual su participación en procesos relacionados con la concesión o denegación de licencias urbanísticas.

Otro de los ámbitos en los que es clave la figura del perito es la interpretación de la contratación administrativa y las controversias que pueden surgir entre las partes intervinientes. En estos casos, el objeto de disputa suele estar relacionado con aspectos relativos a determinados procedimientos contractuales y pueden versar sobre hechos fortuitos, causas de fuerza mayor o, la más habitual, valoración de daños. Asimismo, podría requerirse un informe pericial en procesos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, con el objetivo de que esta se haga responsable de los daños causados por el funcionamiento de sus servicios.

Los informes periciales deben cumplir una serie de características, como que han de elaborase por escrito y contener una relación del análisis llevado a cabo, identificando todos los intervinientes en la causa. Además, deberá recoger las conclusiones a las que se ha llegado a través del análisis e incluso proponer sugerencias respecto de las medidas que sería oportuno adoptar. El informe pericial debe estar redactado con un lenguaje claro y comprensible para las personas no expertas en la materia, debiéndose adjuntar al mismo todos los documentos necesarios para su mejor comprensión.

La prueba es un elemento esencial a la hora de conseguir que la resolución administrativa o sentencia que dicte el tribunal en cuestión sea favorable a nuestros intereses, por lo que el dictamen pericial puede ser una figura clave en el procedimiento. El perito debe ser un técnico cualificado, cuya obligación es actuar con objetividad basando su análisis en la experiencia y el conocimiento científico.

Como se ha podido ver, la elección del perito administrativo es una decisión que debe dejarse en manos de los mejores profesionales, pues de ella puede depender el éxito o el fracaso en el procedimiento. En Perito Judicial Oficial contamos con profesionales dotados con las aptitudes y el rigor necesarios para resolver valoraciones complejas y realizar los informes oportunos con la máxima diligencia, técnica y legal. Además, contamos con una amplia experiencia en el sector y una red de colaboradores y expertos en toda la geografía española.

Si necesitas el asesoramiento de un perito en materia administrativa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ofrecemos un servicio de atención 24/7.