Ya se conocen las primeras sentencias relacionadas con reclamaciones por el cártel de coches en España. Muchas de ellas, pese a dar la razón a los afectados, como la sentencia 162/2022, 27 de septiembre, del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, están concediendo un porcentaje de indemnización por debajo de lo reclamado. La mayoría de ellas, un 5% frente al 10% o 15% que se reclama mayoritariamente.

Otros afectados, en cambio, han visto desestimadas sus pretensiones al considerar el dictamen insuficiente, como ha sucedido en el caso de la sentencia 148/2022, 21 de octubre, del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia.

El cártel de coches actuó en España desde 2006 a 2013, práctica por la que más de una veintena de fabricantes de automóviles fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con multas millonarias, que posteriormente fueron ratificadas por el Tribunal Supremo.

Miles de afectados se han dirigido a los tribunales para que los fabricantes les indemnicen por el sobrecoste que pagaron entonces al adquirir sus vehículos. Han pasado más de 10 años desde entonces, en algunos casos hasta 16, y cuantificar el daño causado en ocasiones puede resultar difícil, pero en la justificación del perjuicio económico está precisamente la clave para ser indemnizado.

En Perito Judicial Oficial somos conscientes de la importancia del dictamen pericial en los asuntos relacionados con el cártel de coches. Resulta determinante. Por eso, hay que contar con gran conocimiento y experiencia sobre el conflicto para aportar pruebas suficientes y motivadas.

Tras más de 20 años realizando valoraciones, tasaciones y dictámenes sabemos que es necesario investigar, reunir todo tipo de pruebas, comprobarlas y analizarlas. El trabajo es exhaustivo en este sentido, con el objetivo de indagar en detalle sobre el objetivo a estudiar.

¿Cuáles son las claves para reclamar por el cártel de coches?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cantidad de la indemnización puede depender de la marca, el modelo adquirido y otras variables.

Por otro lado, es importante tener presente el plazo para reclamar: diciembre de 2026. Fecha que nace del plazo de prescripción de cinco años a partir de las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican este cártel.

Asimismo, el dictamen del perito debe ser conforme con las reglas y guías de cuantificación de daños, así como seguir un método que refleje esa cuantificación de manera suficiente, superando el criterio jurisprudencial de formular una “hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre los datos contrastables”, según la sentencia del Tribunal Supremo 651/2013, de 7 de noviembre.

En este mismo fallo de la Sala Primera, el Supremo añade que “puede afirmarse con carácter general que no es suficiente que el informe pericial aportado por el responsable del daño se limite a cuestionar la exactitud y precisión de la cuantificación realizada por el informe pericial practicado a instancias del perjudicado, sino que es necesario que justifique una cuantificación alternativa mejor fundada”.

Otra solución, subraya, “sería difícilmente compatible con el principio jurídico que impone compensar los daños sufridos por la actuación ilícita de otro y la tutela efectiva que debe otorgarse al derecho del perjudicado a ser indemnizado”.

El dictamen pericial, como hemos mencionado anteriormente, también se verá influido por el paso de los años desde la compra del coche, algo debe ser contemplado por parte de los órganos judiciales.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-267/20, 22 de junio de 2022) apunta que “dada la asimetría de información entre las partes y el hecho de que cuantificar el perjuicio requiere evaluar cómo habría evolucionado el mercado en cuestión de no haber sido por la infracción -que supone una comparación con una situación por sí hipotética, por lo que nunca puede hacerse con precisión – se garantiza que los órganos jurisdiccionales estén facultados para hacer una estimación del importe del perjuicio ocasionado por la infracción”.

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Vuelve a ser protagonista, una vez más, el debate sobre las presuntas irregularidades que envuelven el mundo del fútbol. En esta ocasión, sale a la luz por el juicio del millonario fichaje de Neymar por el Barça, conocido como el caso Neymar 2, que ha concluido con la absolución de todos los acusados por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Nuestro socio director, Albert Galán Llongueras, escribe un nuevo artículo para Expansión en el que se centra en la corrupción en el mundo del fútbol y el papel del ‘compliance’ en este sector.

Tras sentarse en el banquillo el actual jugador del París Saint-Germain (PSG), su familia, los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y los clubes implicados por delito de corrupción entre particulares y estafa, el Ministerio Público había retirado sus acusaciones y la causa, como indica Galán, «se sustentaba por las acusaciones particulares, que todavía pueden recurrir». Es a causa de esta situación por lo que florece el debate sobre las presuntas irregularidades en el mundo del fútbol.

«Son tan elevadas las pretensiones económicas que tienen todos los integrantes de esta industria (federaciones, clubes de fútbol, jugadores, representantes…), que muchas veces, con el fin de aumentar sus ganancias o, en su defecto, minimizar sus pérdidas, se mueven en los límites de la legalidad», añade el experto.

Perito Judicial en el caso Neymar 2

La figura del Perito también ha tomado su protagonismo durante la celebración del caso Neymar 2, donde era necesaria la participación de un Perito experto en cumplimiento normativo. En estos casos tan complejos, como puede ser este tipo de traspasos millonarios, derechos de imagen o estructuras fiscales vinculadas a los ingresos de los futbolistas, resulta impensable que no participe un Perito que aporte una valoración desde un punto de vista técnico, que conozca la evolución e implantación de los estándares del sector, la normativa aplicable en cada momento y los usos y costumbres en el mercado en cuestión.

En el comentado juicio, «el papel del Perito se centró en analizar y explicar las medidas de compliance empleadas por el club catalán en el momento en el que se produjo el fichaje del jugador brasileño. Dado que se efectuó en el año 2013 y no estaba instaurado ningún sistema de compliance, el Perito analizó los mecanismos de prevención y controles internos que tenía el club en ese momento», afirma Galán.

Auditar los programas de compliance implantados

Unos años después del mencionado juicio, LaLiga implantó en el fútbol profesional un sistema de programas de cumplimiento, con el fin de acabar con las irregularidades en esta industria, así como mejorar la imagen extradeportiva del fútbol español.

Confirma Galán que «por ello, de cara a analizar su implantación o cumplimiento, una pericial es fundamental, ya que el objetivo es auditar los programas de cumplimiento implantados o su ausencia. Especialmente relevantes son las periciales vinculadas al área fiscal por su complejidad, en las que el propio Perito arroja luz sobre las pruebas que tiene que valorar el juez».

«En definitiva, ahora mismo la industria futbolística no se entiende sin programas de compliance. El Perito experto en esta materia siempre ha de estar en el once inicial de toda operación en este mercado, ya que ayuda a los clubes a prevenir prácticas irregulares, supone una vía a la eximente de responsabilidad penal y un sistema de auditoría para los sistemas y controles que se emplearon en el pasado», concluye.

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«En un proceso judicial, tanto el juez como las partes demandadas pueden requerir la intervención de un Perito Judicial para la elaboración de un informe que esclarezca los hechos en relación con una determinada materia relevante en el proceso y que requiera expertise en una determinada área». Así comienza la entrevista realizada a nuestro socio fundador, Albert Galán, por parte de Líder Legal.

Galán tiene claro que el trabajo de los Peritos es honesto; a diferencia de los abogados, esta figura no puede mentir. «Nuestros informes correctamente elaborados son la base de nuestro futuro profesional», apunta. «Partiendo de la hipótesis de unos hechos concretos, analizamos en profundidad todos los datos y circunstancias, preparamos una síntesis y extraemos conclusiones. Ese informe que analiza los hechos utilizando el método científico en un procedimiento judicial es lo que llamamos peritaje judicial».

¿Qué valor aporta el peritaje para la abogacía?

Responde de forma clara: «aporta a la abogacía un esclarecimiento técnico de la situación que se está enjuiciando». Lo hace aportando más credibilidad a la demanda o escrito del abogado. «Cuando la argumentación del abogado está basada en pruebas de hechos concretos, el Informe Pericial otorga consistencia, estructura, fundamento y solidez a la demanda o contestación de la demanda», añade.

¿Qué oportunidades y retos tienen para los próximos años?

Explica el experto que en términos de organización el colectivo de Peritos Judiciales puede mejorar mucho y, también, que hay que erradicar el intrusismo profesional. «Cualquier pericial basada en un informe de un experto siempre refuerza más la demanda o la contestación de demanda, pero si un informe ha sido elaborado por un no experto -el intrusismo profesional que comentábamos- lo que se logra es el efecto contrario. Otro ángulo importante es realizar exposiciones muy claras en los informes para poder desglosar en los conceptos cuál ha sido la situación real y los puntos clave», afirma.

¿Se han incrementado en los últimos años los casos de peritajes judiciales? ¿En qué áreas?

A esto responde un consistente «sí». Aclara que «existen dos posibles razones que justifican este incremento: por un lado, la complejidad del mundo en el que vivimos; la globalidad, las nuevas tecnologías, etc., hacen que técnicamente necesitemos más expertos que nos proporcionen explicaciones especializadas sobre cada materia. Por otro lado, también existen regulaciones legales que obligan a hacer periciales para determinar valoraciones o situaciones en las que se requiere un pleito por imputación o por imperativo legal».

¿Cuál ha sido el caso de peritaje judicial más completo que ha tenido?

«Yo no diría complejo, porque para un experto en una materia no existe la complejidad como tal. Yo lo llamaría curioso, y es algo apasionante en la profesión que siempre nos tiene intrigados: averiguar cuál es el objeto de esa pericia, qué es lo que el abogado o el cliente quiere que hagamos. Casos curiosos hay de muchos tipos; hubo un caso en el que tuvimos que valorar una actividad de un zoológico de mariposas. En temas médicos, lo más ‘complejos’ quizá sean los psicológicos, porque requieren una evaluación del estado de la persona y, especialmente, en los que intervienen temas más humanos como accidentes laborales».

¿El peritaje va de la mano con los avances tecnológicos?

Sin duda. «Intentamos dar respuesta a los clientes y despachos de abogados, sobre todo cuando necesitan reforzar sus escritos con alguna pericial. Nosotros nos encargamos de todo, ofrecemos un servicio integral de periciales que cubre todo el espectro de casos; es decir, que cuando un abogado necesita un Perito Judicial nos llama y nosotros le buscamos al mejor profesional en esa materia, el más adecuado para esa demanda y que encaje con sus necesidades», asegura.

¿Se han dado casos de litigios recientes en el metaverso donde esté presente el peritaje?

Galán detalla que, ciertamente, el metaverso será una parte importante para los peritajes del futuro. «Hemos recibido muchas consultas por el momento y esto nos hace presagiar que en un futuro próximo la mayoría o una parte importante de los temas de los peritajes, sobre todo en base de propiedad y en base de legitimidad, se van a dar temas de metaverso y nuevas tecnologías».

Perito Judicial Oficial y los premios Legal Marcom

El experto, al ser preguntado por qué destacaría del valor de estos premios y esta gala con respecto a otros eventos y reconocimientos del sector, explica que «el principal diferencial es claro: tanto en el jurado como en las mesas redondas hay un elevadísimo número de general counsel de empresas líderes en sus sectores, una figura clave para los abogados que participan en los premios y que asistirán a la gala. Tanto la elección como el proceso de votación son excelentes: transparentes, objetivos y basados en criterios sólidos. Estamos muy felices de formar parte de esta gran iniciativa».

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Tres obras de arte atribuidas a Diego Velázquez y Tiziano a la venta por un valor de 45 millones de euros son las últimas protagonistas de la falsificación en el mercado del arte.

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana ha intervenido recientemente tres pinturas atribuidas a estos dos pintores. En concreto, un autorretrato del pintor español, un retrato de Francisco Quevedo y Ecce Homo, una pintura supuestamente del pintor italiano Tiziano.

Las pinturas fueron puestas a la venta en internet por un particular que aseguraba que eran originales y procedían de una herencia familiar. Sin embargo, los expertos del Museo de Bellas Artes de Valencia han concluido que las obras no cumplían las características mínimas para considerarse obras de Velázquez y Tiziano.

En el mercado de arte existen compradores de buena fe que adquieren obras aprovechando un buen precio, pero sin conocer su origen, y muchas veces lo que adquieren es material robado como posteriormente acreditamos como Peritos. El principal consejo para evitarlo es consultar la base de datos de la Interpol sobre obras robadas.

Entre el 10% y el 15% de las obras colgadas en los museos no son auténticas

Sin embargo, no es tan fácil evitar el material falsificado. En Perito Judicial Oficial conocemos de primera mano la dificultad de determinar la autenticidad de una obra de arte.

El propio exdirector del Metropolitan Museum de Nueva York, Thomas Hoving, ha afirmado en alguna ocasión que en torno al 40% del mercado del arte se compone de obra falsa. Más sorprendente aún es que se estima que entre el 10% y el 15% de las obras colgadas en los museos no son auténticas.

Para entender estas cifras hay que tener en cuenta que el mercado ilícito de obras de arte es el tercero más lucrativo a nivel internacional, tan solo por detrás del narcotráfico o la venta de armas.

La intervención de un Perito especializado en arte es crucial en esta materia, ya que solo los expertos con un alto nivel de técnica tienen las herramientas necesarias para determinar la autenticidad de una obra.

En el Informe Pericial sobre una obra de arte, el Perito debe incluir las premisas, limitaciones y condiciones del dictamen de valoración, fecha y lugar, identificación y descripción de la obra, el método y procedimiento llevado a cabo y su valor estimado en el mercado.

En este sentido, entre las cuestiones sobre las que profundizará se encuentran la autoría de la obra, la época, materiales utilizados en su elaboración, técnicas empleadas, estado de conservación, su valor artístico, así como su singularidad.

Con este objetivo, el Perito se servirá de todas las técnicas necesarias para determinar la autenticidad. Entre ellas, análisis fotográficos, radiografías o análisis de muestras. También realizará un análisis de la documentación existente vinculada a la pieza, así como un estudio de su “rastro”, es decir, todos los detalles sobre su origen y los propietarios, herederos o entidades por las que ha pasado.

Por último, es importante tener presente que el dictamen pericial variará en función de la finalidad de la autentificación, que puede ser, por ejemplo, estimar el valor para un seguro, vender la pintura en el mercado del arte o realizar una donación.

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La salud mental se ha abierto un hueco en la agenda pública. Medios de comunicación y clase política ya dedican parte de sus espacios a hablar de este asunto. Hay que tener en cuenta que solo en 2020 en España fallecieron por suicidio 11 personas al día.

La actualización de la Estrategia de Salud Mental o la puesta en marcha de la línea de atención a la conducta suicida (024) son algunas de las medidas en materia de políticas públicas puestas en marcha en los últimos meses.

A las políticas públicas, han de sumarse medidas por parte de las empresas, de modo que además de gestionar la calidad psicosocial de los procesos productivos, se incorporen programas de bienestar psicoemocional y de reducción del estrés, tal y como refleja el Observatorio de la Salud – Estudio de la evolución de los trastornos mentales y del comportamiento en la incapacidad temporal (2015-2021), elaborado por Fremap, mutua colaboradora de la Seguridad Social.

Conocemos de cerca los procesos de incapacidad temporal derivados de estas patologías que, a excepción del Covid-19, ocasionaron solo en 2021 el 15,04% de los días de baja por contingencia común de las personas trabajadoras y se constituyeron como el segundo grupo de enfermedades que más días de baja han generado tras los trastornos musculoesqueléticos.

Un aumento del 30% en las bajas relacionadas con salud mental entre los menores de 35 años

Como expertos en periciales médicas, en Perito Judicial Oficial somos conscientes de que las bajas laborales vinculadas a la salud mental han mostrado una tendencia al alza en los últimos años en todos los grupos edad, lo que se traduce en un crecimiento del 17,36% entre 2015 y 2021.

El grupo de edad que registra un mayor incremento es el de los menores de 35 años, que en los últimos seis años ha registrado un crecimiento del 30,91%, una cifra más que llamativa en comparación con otros grupos de edad que se sitúan en una subida del 8,28% (mayores de 49 años) y del 14,37% (entre 35 y 49 años).

Este estudio, que ha analizado 380.000 bajas laborales de una muestra de más de dos millones, apunta además que las bajas laborales por salud mental ya finalizadas duraron, de media, 97,68 días, lo que supone un 45,62% más que en 2015.

Y es que los días de baja por salud mental suponen el 15,04% del total de días de baja registrados durante el último año. Tal y como apunta el estudio de Fremap, solo en 2021 este tipo de bajas representaron el 6,10% del total.

Precisamente, entre los motivos más habituales para solicitar una pericial médica se encuentran las bajas e incapacidades. El Informe Pericial médico se encarga de valorar el estado de salud del paciente, analizando las enfermedades concretas que sufre y brindando la información del diagnóstico con el objeto de prueba en un proceso judicial, así como ante un tribunal médico.

En ambos casos, el peso de la pericial puede resultar clave en el destino del proceso, ya que se trata de una prueba científica de gran utilidad. Reflejará la situación médica del paciente, su grado de afectación, síntomas, tratamiento, así como sus alteraciones o anomalías vinculadas a la enfermedad que le impiden un correcto desempeño de sus funciones laborales, sociales o, incluso, familiares.

Su calidad y precisión puede condicionar el destino del procedimiento judicial o la decisión del tribunal médico. Este tipo de informes son comunes en los procesos de incapacidades parcial, total, absoluta o gran invalidez.

Los Peritos médicos que intervienen en estos procesos son profesionales altamente cualificados, con formación y experiencia en la rama legal de la medicina. Si necesitas los servicios de un Perito médico, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Cualquiera que tenga perfil en Instagram, Facebook, TikTok o cualquier red social verá cientos de publicaciones protagonizadas por los hijos de sus familiares y amigos, pero también de famosos e influencers con millones de seguidores.

En las últimas semanas se ha avivado el debate sobre la presencia de menores en redes sociales, especialmente después de la polémica publicación de la chef Samantha Vallejo-Nágera, quien compartía un vídeo de su hijo de 12 años en el que el menor aparecía llorando tras ser castigado. Horas después borraba el contenido de su perfil y pedía disculpas.

Este vídeo abrió una vez más el debate sobre la exposición de menores en redes sociales y la protección de su intimidad, en este caso responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad.

TikTok por parte de los centros educativos

Una problemática que no se da solo en el ámbito familiar, ¿qué sucede en el caso de los centros educativos? Son muchos los que ya cuentan con perfiles en redes sociales donde comparten contenidos y las actividades del día a día de los menores, pero ¿puede el colegio subir, por ejemplo, vídeos a TikTok en los que aparezcan sus alumnos?

En este caso, se requiere el consentimiento de los interesados, es decir, los padres o tutores de los menores de 14 años. Por eso, el centro educativo debe informar previamente de lo que se va a publicar, en qué redes sociales, su finalidad, quién tiene acceso, así como la posibilidad de los interesados de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión.

Este consentimiento que se presta debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o clara acción afirmativa, ya que afecta a los datos personales.

Un caso distinto es que el centro grabe imágenes con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones. En este supuesto, el centro o la administración educativa estarían legitimados para dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento de los alumnos mayores de 14 años o de sus padres o tutores en el caso de los menores.

Eso sí, cuando la grabación no se corresponda con dicha función educativa, sino que se trate de imágenes de acontecimientos o eventos que se graban habitualmente con fines de difusión, se necesitará siempre contar con el consentimiento.

Hay que tener en cuenta, además, que en caso de conflicto entre los progenitores sobre el uso de imágenes de sus hijos -una situación que puede darse-, si no hay acuerdo deberá plantearse la disputa ante el juez competente de familia.

¿Cómo gestionar actividades como las funciones de fin de curso del colegio?

Otra de las grandes cuestiones es qué sucede en eventos como funciones de Navidad, fin de curso o competiciones deportivas vinculadas al centro educativo.

En este caso, lo ideal es que el centro informe a los familiares de la posibilidad de tomar fotografías o grabar imágenes solo para uso personal y doméstico, ya que es el ámbito excluido de la legislación en materia de protección de datos. En ningún caso pueden compartir en redes sociales contenido donde aparezcan menores sobre los que no se ha obtenido consentimiento.

Si este contenido se compartiera más allá del ámbito privado, como en perfiles de redes sociales públicos, serán los familiares los que asuman la responsabilidad por su publicación.

En el supuesto de que sea el propio centro el que quiera grabar y difundir contenido de dicho evento a través de su web o perfil en redes sociales, tendrá que recabar siempre el consentimiento de los padres o tutores.

No hay que olvidar que para los centros educativos es obligatoria la designación de un delegado de protección de datos, en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que será el encargado de supervisar los procedimientos del centro en materia de protección de datos.

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Muchos son los chefs amateurs de nuestro país que se han preguntado en alguna ocasión si su receta es exclusiva y merece la protección de una patente frente a copias o plagios para usos comerciales. Nuestro socio director, Albert Galán Llongueras, escribe sobre ello en El Confidencial.

Lo primero que se debe conocer para hacer un registro de este tipo es si resulta novedosa y no está ya protegida. Aconseja Galán acudir a las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Solo podrá llevarse a cabo el proceso si es novedosa y no ha tenido divulgación alguna anteriormente, si se distingue por una actividad inventiva no obvia a un experto y si su fabricación es físicamente posible.

Afirma el experto que «la clave pasa por tres requisitos, a priori sencillos, pero que no lo son tanto en el caso de las recetas». No obstante, hay recetas con patente, como la salsa brava tradicional, el gazpacho sin tomate o productos de pastelería para alergias e intolerancias a los componentes de la leche, del huevo, frutos secos o el gluten.

«Además, la receta también puede ser considerada como modelo de utilidad, es decir, un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El modelo de utilidad es una mejora, una ventaja práctica aplicable. Por ejemplo, la receta del salmorejo natural instantáneo. La conclusión es que las recetas sí son patentables, pero la siguiente pregunta es: ¿Responde a una necesidad o más bien a una cuestión de orgullo? ¿Puede más la idea de contar a nuestros comensales que nuestra receta está patentada?», se pregunta.

Aconseja Galán responder a estas cuestiones antes de iniciar el procedimiento, ya que conlleva un coste, incluida la renovación anual en otros países. «Desde mi experiencia como Perito, resulta clave un estudio de viabilidad orientado al potencial financiero y comercial de la idea. En este proceso, la intervención de un profesional experto en patentes y marcas también será decisiva en su destino».

A la hora de aprobar lo que se quiere proteger, en este caso la receta, se estudia la solidez de las reivindicaciones, uno de los puntos decisivos. Es frecuente que esto sea objeto de impugnación por parte de los competidores, de ahí la importancia de contar con unas reivindicaciones bien fundamentadas.

Otra cuestión importante que es necesario resolver es: ¿desde qué momento se empieza a contar? Galán responde: «¿desde que contamos con una receta que consideramos exclusiva o desde que está preparada para el mercado? Aquí, el asesoramiento de un experto también resultará esencial, pues habrá que tener en cuenta cuestiones como el coste de los derechos de Propiedad Intelectual, la fuerza de la solicitud y de su posterior valor en el mercado».

Concluye afirmando que «solicitar una patente es un procedimiento jurídico que exige un estudio al detalle y una estrategia. Como siempre, las prisas no son buenas consejeras. Y es que, la posibilidad de que sea rechazada es alta por los exigentes requisitos, de ahí la importancia de dejarlo en manos de un experto que conozca el proceso y tenga los conocimientos y recursos para resolver cualquier conflicto técnico. Si contamos con la receta y confiamos en sus posibilidades, se trata de empezar a estudiar la viabilidad».

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La detección de fraudes y falsificaciones a través de documentos firmados es uno de los trabajos clásicos de los Peritos caligráficos. En Perito Judicial Oficial somos capaces de analizar todo tipo de firmas, copia de documentos, redacciones, cotejo de grafismos, de vises y más documentos que se puedan detectar mediante la escritura.

Y es que, pueden ser objeto de una prueba pericial caligráfica una gran variedad de documentos públicos y privados.

La cuestión, o quizá para muchos la complejidad o preocupación, se plantea cuando dicha firma salta del papel al mundo digital. ¿Es segura? ¿Se puede identificar un uso fraudulento? ¿Un documento firmado digitalmente sirve como prueba en un juicio?

La firma digital es una tecnología que aplica mecanismos criptográficos para asegurar su autenticidad y seguridad en los documentos firmados telemáticamente.

Su fiabilidad para prevenir posibles usos fraudulentos es alta porque el autor es identificable, de manera que quien firma el documento no podría posteriormente negar su autoría. Además, es detectable si se modifica porque deja rastro.

A su vez, se basa en el uso de claves públicas y privadas en todo el proceso, ya que está orientada a evitar la falsificación y suplantación de identidad.

¿Qué evaluamos en una firma digital?

Como Peritos expertos en periciales caligráficas e informáticas podremos evaluar las acciones realizadas sobre el documento firmado como, por ejemplo, la identidad del autor, su dirección de correo electrónico, su dirección IP, su geolocalización o si se han realizado modificaciones sobre la firma (quién, dónde y cuándo), entre otros aspectos, ya que todo ello queda reflejado en un documento de trazabilidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una firma digital que una firma electrónica. El Reglamento eiDAS fija a nivel europeo tres tipos de firma: la firma electrónica simple, la firma digital avanzada y la firma digital cualificada. Todas ellas tienen validez, pero solo las dos últimas cuentan con la tecnología de la firma digital tal y como la hemos descrito, es decir, basada en tecnología que aplica mecanismos criptográficos.

Así, el valor probatorio de la firma para determinar su integridad y autenticidad frente, por ejemplo, a la impugnación de un documento firmado digitalmente variará en función del tipo empleado (simple, avanzada o cualificada).

En este sentido, la firma simple es la más básica, por lo tanto, dependiendo del uso que se le haya dado se determinará su validez como prueba electrónica. En el caso de la avanzada, su valor probatorio es más reforzado y habrá que analizar en cada caso cómo se ha producido. Por último, la cualificada es la que tiene mayor fuerza probatoria.

De este modo, ante la impugnación de un documento firmado digitalmente el Perito podrá demostrar la identidad de las firmas, el origen, la autenticidad y la integridad de su contenido.

Por todo ello, es habitual oír que la firma digital es más segura que la convencional manuscrita, ya que su técnica está orientada al blindaje ante eventuales usos fraudulentos o impugnaciones.

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«El conflicto por el Pazo de Meirás entre la familia Franco y el Estado va mucho más allá de la propiedad del recinto y las fincas. La disputa que ahora se dirime es por gran parte de los bienes que contiene el Pazo que fue residencia estival de Franco. ¿Los bienes del Pazo pueden ser retirados? ¿El reemplazo es una solución al conflicto? ¿Meirás se entiende sin sus bienes?». Así comienza Albert Galán, nuestro socio fundador, su último artículo publicado en El Derecho, en el que pone de manifiesto la importancia de los Peritos y los Informes Periciales en este procedimiento, que sigue siendo de actualidad.

Recientemente, el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña se ha pronunciado sobre este asunto, determinando que los bienes protagonistas de la controversia no pueden ser retirados de Meirás, tal y como solicitaba la familia Franco, ya que estos adquirieron la condición y naturaleza de inmuebles por incorporación, por destino o por ambos.

Resulta crucial en este caso determinar cuál es la ubicación actual de cada objeto, dado que resulta fundamental para analizar su relación y visión homogénea. «Y es que los elementos y su emplazamiento responden a la idea de formar un conjunto iconográfico», añade Galán.

«¿Qué determina la decisión?»

Afirma el experto que conoce «en primera persona cómo de determinante para el futuro de un asunto es el Informe Pericial. Y este caso no ha sido una excepción. Los Peritos han dado en la diana al vincular así los bienes y el Pazo, defendiendo su voluntad de permanencia y su valor como conjunto iconográfico. En otras palabras, no hay Pazo sin bienes y no hay bienes sin Pazo. Son un todo».

El análisis que debe realizar el Perito debe tener en cuenta la interrelación de unos y otros elementos, su ubicación, su colocación, su destino y su finalidad, ya sea de uso ornamental o meramente funcional. Pero no únicamente esto, sino también las consideraciones históricas, cronológicas, estilos arquitectónicos o artísticos, así como el tipo de construcción y edificación (arquitectura palaciega) en la que los bienes se encuentran ubicados actualmente.

«¿Se pueden reemplazar las piezas discutidas?»

«El reemplazo, a priori, podría plantearse como una solución. Y es que, en la práctica, sería factible dicho reemplazo desde el punto de vista físico. Sin embargo, con ello se lograría ‘un falso histórico’; es decir, una intervención para sustituir los elementos originales. En definitiva, una transformación de la esencia del Pazo», agrega.

El Tribunal Supremo ya apuntó el pasado año que la calificación de unos bienes como inmuebles por destino, no por naturaleza, no excluye necesariamente y en todo caso que puedan perder esta condición si son separados del inmueble al que hubieran estado destinados.

Concluye Galán afirmando que «esta decisión sobre el destino de los bienes del Pazo de Meirás no es firme todavía. Por ahora, la intervención de los Peritos ha sido clara: el Pazo de Meirás no se entiende sin sus bienes».

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El mal uso de aparatos eléctricos, enchufes, regletas y baterías es la principal causa de incendios en viviendas con víctimas mortales. Así lo refleja el último informe de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y de la Fundación Mapfre, que recoge datos de 2020. En total, 164 fallecidos en hogares a causa de las llamas. Más del 30%, por las causas eléctricas indicadas.

En total, en 2020 se registraron 47 incendios al día en viviendas, un dato inferior al del año anterior; en concreto, un 13% menos que en 2019.

En cuanto a las circunstancias en el momento de producirse el incendio, el salón concentra el 52,3% del total de víctimas, por lo que constituye el lugar más peligroso de la casa seguido del dormitorio (23,3% de los casos).

¿Quién se encarga de cubrir los daños ocasionados por un incendio de estas características en una vivienda? ¿Cómo se valoran estos daños? ¿Cómo se determinan las causas? La respuesta pasa por una correcta valoración pericial para conocer las razones que han provocado el fuego.

El Perito será el encargado de valorar y reconocer los daños provocados por las llamas, y determinará, analizando las causas, cuál es la cuantificación económica del siniestro ocasionado por el fuego.

Hay que tener presente que, en el caso de incendios ocasionados por dolo o culpa grave de los afectados, no será cubierto por la aseguradora, pero ¿qué sucede si el fuego se desencadena por un fallo técnico o un producto defectuoso?

Un ejemplo de una situación así se vivió en Madrid en abril de 2019, cuando una familia vio cómo se incendiaba su vivienda, afortunadamente sin víctimas, a causa de la batería de un patinete eléctrico recién estrenado.

Una situación que no es excepcional, pues no es el primer dispositivo de estas características que desencadena un incendio. La familia presentó una demanda contra el vendedor del producto y su fabricante, que ya ha sido admitida a trámite.

¿Qué hace un perito en una situación así?

• Inspección técnico ocular
• Registro fotográfico
• Análisis de las causas que pudieron provocar el incendio
• Análisis de las evidencias
• Recreación de la situación de origen
• Informe Pericial

El objetivo del Perito experto en incendios no es otro que el de aclarar las circunstancias que han provocado los hechos para poder atribuir responsabilidades y reclamar los daños ocasionados.

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