El Perito informático es el profesional encargado de iluminar las lagunas del juez en cuanto a asuntos digitales se refiere. Se encarga de realizar un análisis de los elementos informáticos relevantes en el proceso judicial para poder desentrañar indicios probatorios útiles en el marco del litigio.

Además de conocimientos técnico-informáticos, el Perito debe estar formado en cuestiones relacionados con el mundo de lo jurídico y la investigación, es decir, debe tener conocimientos de criminalística, forense, así como de investigación legal, para poder adaptarse a la realidad del proceso judicial.

Dentro del campo de la informática, el Perito se dedica a la investigación y desarrollo de material probatorio en torno a numerosas áreas, entre las que se encuentran:

• Propiedad Industrial
• Análisis de plagio y pruebas informáticas
• Protección de datos personales
• Espionaje
• Manipulación de datos
• Competencia Desleal
• Piratería
• Publicidad engañosa
• Manipulación de Redes Sociales

El papel del Perito informático adquiere especial relevancia en casos en los que su actuación probatoria resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia 378/2022, de 5 de mayo, pone de relieve la importancia del análisis pericial en un contexto de colisión entre dos derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de expresión e información (artículo 20 de la Constitución Española) y el derecho al honor (artículo 18 de la Constitución Española).

En palabras del Tribunal Supremo “ni la libertad de expresión ni la libertad de información son derechos absolutos. El artículo 10.2 CEDH dispone que el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, puede ser sometido a ciertas formalidades […] para la protección de la reputación o de los derechos ajenos como es el caso del derecho al honor”.

Se trata, en ambos casos, de derechos fundamentales, que generalmente cuentan con especial protección por su propia condición de elementales, pero que, en supuestos de colisión, el juez debe decidir dar preferencia solo uno de ellos.

Generalmente, tal y como anuncia el artículo 20.4 CE, el derecho a la libertad de expresión y a la información, tiene su límite con respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. De esta manera, se pueden ejercitar dichos derechos siempre y cuando no se vulneren estos derechos fundamentales, pero existen ciertos matices.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de julio de 1997, ya concretó que “cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público”.

Sin embargo, existe otra nota distintiva y es que, a pesar de poder resultar de interés público, con el objetivo de mantener una opinión pública informada, esta información debe ser plenamente veraz.

En el caso de la sentencia 378/2022, de 5 de mayo, una vez dilucidado que el derecho al honor y la propia imagen habían sido injustificadamente transgredidos, el papel del Perito informático era el de comprobar que, efectivamente, el demandado era autor legítimo de las publicaciones vejatorias de las que era objeto el litigio. En base a la declaración de una figura objetiva e imparcial como es el Perito, el juez pudo declarar un fallo con la mayor seguridad probatoria posible.

En Perito Judicial Oficial, somos plenamente conscientes de la realidad actual, en la que los medios digitales tienen especial relevancia y, por tanto, el papel de los Peritos informáticos resulta fundamental en el marco de un litigio.

Por ello, ofrecemos servicios de peritaje informático a nuestros clientes en gran variedad de áreas. Si necesitas un perito informático no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Conocemos comúnmente la cadena de custodia, en un procedimiento judicial, como aquel conjunto de actos que permiten garantizar la verosimilitud del material probatorio. Se trata de un procedimiento de carácter formal y rutinario que, generalmente, abarca la recogida de pruebas, su posterior traslado, la comprobación y, finalmente, el proceso de vigilancia de estas.

De esta manera, se trata de determinar si la prueba obtenida es fiable, de cara a su mayor o menor legitimidad, y su posterior valoración por parte del juez. Si nos encontramos con una prueba que ha sido ilícitamente modificada, por muy válida que haya sido su obtención, el juez estimará que no pueden extraerse conclusiones fiables y la descartará, pudiendo dejar sin fundamento la declaración de parte.

La articulación de la cadena de custodia se sostiene necesariamente sobre los siguientes principios:

• Principio de aseguramiento de la prueba
• Principio de licitud de la prueba
• Principio de veracidad de la prueba
• Principio de necesidad de la prueba
• Principio de obtención de la prueba
• Principio de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba

El Tribunal Supremo, en su sentencia 795/2104, de 20 de noviembre, entiende que «la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis, pero no a su validez”.

Las pruebas recogidas deben de estar totalmente intactas, de forma que se pueda demostrar su licitud en el juicio, y para ello debe seguirse un procedimiento que respete la cadena de custodia y que, generalmente, se compone de cuatro fases: la recolección de las pruebas garantizando su inocuidad, su correcta preservación y embalaje, el posterior transporte hacia los laboratorios o allá donde deban ser analizadas y, finalmente, su custodia y preservación hasta que inicie el juicio y se presenten ante el juez, lo cual significará el término de la cadena de custodia.

La importancia de la cadena de custodia radica en que, gracias al estricto cumplimiento de las pautas expuestas, se permite asegurar que los indicios probatorios recolectados sirven para sustentar de manera eficaz la prueba en el juicio, habiendo garantizado que se ha evitado todo tipo de contaminación que pueda influir en su legitimidad.

El Perito tiene la responsabilidad de mantener las pruebas intactas

El Tribunal Supremo recuerda, en la reciente sentencia 597/2022, 15 de junio, que “la cadena de custodia sirve de garantía formal de la autenticidad e indemnidad de la prueba pericial. No es prueba en sí misma”. No se pretende aportar ninguna prueba al procedimiento, sino simplemente acreditar que, con las garantías precisas en su conservación, no se ha alterado o vulnerado aquella obtenida con anterioridad.

Como en el resto de pruebas, la prueba pericial tampoco está exenta de este requisito formal, ya que se debe demostrar que se ha asegurado la integral “pureza” del material probatorio.

De hecho, tal y como confirma el Tribunal Supremo, “resulta evidente la relación entre la cadena de custodia y la prueba pericial, por cuanto la validez de los resultados de la pericia depende de la garantía sobre la procedencia y contenido de lo que es objeto de análisis”.

El Perito se encarga de realizar un análisis sistemático de la situación requerida, para posteriormente reflejarlo en un documento técnico (Informe Pericial), donde se detallarán las conclusiones obtenidas en base a los datos analizados.

De esta forma, tiene la responsabilidad de mantener las pruebas intactas, de forma que, por lo común, realiza una copia de las originales (mediante fotografía, vídeo, disco duro, etc.), con el objetivo de mantenerlas libres de cualquier tipo de alteración y asegurar así su admisibilidad en el juicio, ya que la idea es que puedan ser valoradas por el Tribunal sin ningún tipo de modificación técnica.

En Perito Judicial Oficial somos conscientes de la importancia y necesidad de que los peritajes se lleven a cabo con la mayor fiabilidad posible, así como que se transporten y conserven las pruebas según las máximas garantías y respeto a los principios probatorios previstos en el procedimiento judicial.

Si necesitas los servicios de un Perito, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

La pericial económica es una de las más demandadas en el ámbito jurídico debido a su implicación en diversas materias como Derecho Mercantil, Concursal, Penal, Civil y Laboral, entre otras.

La participación de un perito, como técnico que es, resulta clave para el destino del caso. En esta ocasión nos vemos a centrar en el Derecho Penal y los delitos económicos. Y es que, uno de los ejemplos más claros de la importancia de la pericial económica, lo encontramos en la reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 283/2022, 23 de marzo), en la que la Sala de lo Penal confirma una condena por un delito continuado de apropiación indebida, tipificado en el artículo 253.1 del Código Penal, a la trabajadora de una empresa encargada de la caja.

En la condena, como veremos a continuación, resulta fundamental el informe pericial porque respalda la autoría de los hechos. En este asunto intervinieron dos peritos. “La autoría de los hechos quedó constatada con la declaración de los peritos llevada a cabo en el juicio oral en el cual ambos se ratificaron en sus informes, el primero como auditor de la empresa y el segundo como perito judicial de las actuaciones”, afirma el Tribunal Supremo.

Uno de los peritos explicó durante el procedimiento que “se producían repetidos descuadres entre los arqueos diarios de caja y la propia contabilidad de la empresa, consignándose en los primeros, cantidades inferiores a las realmente existentes”. Sobre esto, señaló los importes correspondientes a dichos descuadres.

“Es evidente que nada hay en su informe que se oponga a lo consignado en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada, ni que ponga en evidencia la existencia de error alguno en la valoración de la prueba”, destaca el tribunal respaldando la versión de las periciales económicas.

En concreto, los peritos destacaron que en la auditoría efectuada a la empresa se comprobó un saldo inusual en la caja, que pasa de 20.000 euros a 140.000 euros. También revisaron el Libro Mayor de la empresa y concluyeron que la diferencia existente entre el arqueo de caja y la contabilidad fue en 2015 de 22.000 euros, en 2016 de 123.000 euros y en 2017 de 23.000 euros.

El informe pericial de los peritos, posteriormente ratificado en juicio, permitió acreditar que efectivamente la encargada de realizar los cobros y pagos correspondientes a la empresa era la autora de los hechos. Igualmente, se acreditó que en los arqueos diarios se consignaba una cantidad inferior a la realmente existente, como pudo avalarse pericialmente al contrastarse aquellos datos con los apuntes contables de la empresa.

Hay que tener en cuenta que la opinión especializada del perito judicial siempre será tenida en cuenta por el juez o tribunal, como ha sucedido en este asunto. Es cierto que no es vinculante para el órgano judicial, pero este siempre deberá acreditar los motivos por los que se aparta razonadamente de las consideraciones técnicas del experto.

Los peritos que forman el equipo de expertos de Perito Judicial Oficial atienden un amplio abanico de especialidades, desde el peritaje empresarial, informático, químico hasta el industrial, ambiental, textil y patentes y marcas, entre otras.

¿Cuáles son los motivos más habituales a la hora de solicitar una pericial económica?

Hay un gran abanico de especialidades dentro de las periciales económicas, pudiendo encontrar:

• Cláusula suelo
• Hipotecas multidivisa
• Informe económico
• Informe contable
• Informe financiero
• Lucro cesante
• Beneficios/pérdidas futuras
• Cartera de clientes
• Valoración de empresas
• Delitos económicos
• Auditoria fiscal y tributaria
• Análisis patrimonio
• Gestión bancaria
• Reclamaciones
• Fraude bancario
• Inversiones
• Derivados

Si necesitas los servicios de un perito economista, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.